La evidente crisis que vivimos respecto al pleno ejercicio del derecho constitucional de la propiedad privada, se debe a la confusión que ha dominado al Gobierno, desde su asunción.
Durante las últimas décadas la izquierda uruguaya no se tomó el tiempo de actualizar sus discursos y principios ideológicos, a pesar de los enormes cambios que se operaron en el mundo.
Lo está haciendo ahora, en forma apurada y desordenada, presionada por la realidad.
El 6% de la población vive en asentamientos irregulares. El 40% ocupa tierras privadas.
Ni qué decir de las ocupaciones a plantas industriales y otros locales por parte de los empleados, interpretado como una extensión del derecho de huelga. Eso sí, el mismo argumento no corre para oficinas estatales, y nadie entiende esta dualidad de criterio.
El descalabro que está provocando este grave error de enfoque debe corregirse lo antes posible.