ROSARIO TOURIÑO

El Ministerio de Salud Pública (MSP) fue condenado a pagar casi U$S 3 millones a un grupo de 120 profesionales contratados por el polémico régimen de las Comisiones de Apoyo.

Se trata de un juicio iniciado hace seis años por un grupo de médicos intensivistas y neonatólogos que reclamaron el pago de aguinaldos, licencias y otros haberes correspondientes al período 1998-2000, al considerarse trabajadores "dependientes" del Estado y no subcontratados.

El proceso fue largo y llegó hasta la propia Suprema Corte de Justicia (SCJ). Es que primero, la jueza laboral de primera instancia falló a favor de la cartera, al entender que los demandantes trabajaban bajo la modalidad del arrendamiento de servicios. Pero los demandantes apelaron y lograron que un tribunal de Apelaciones revocara el dictamen inicial, considerándolos trabajadores "subordinados".

La contienda siguió, porque los abogados de la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE) llevaron el caso ante la Corte, que finalmente se expidió a favor de los médicos.

Las reiteradas idas y vueltas que las sucesivas administraciones tuvieron con este régimen de trabajo generó un resquicio legal que los profesionales no dejaron escapar. En 1998, el gobierno de la época emitió un decreto con el cual reconoció la calidad de dependientes de los técnicos.

Pero dos años después, la nueva administración resolvió dar marcha atrás y derogar la norma. Las sociedades de Medicina Intensiva, de Neonatología y de Pediatría Intensiva, entonces, decidieron en 2000 reclamar los haberes correspondientes al período en que estuvo vigente el decreto en cuestión.

La sentencia sobrevino en el primer año de la administración Vázquez. Sin embargo, fue hace muy poco que el MSP y los médicos se pusieron de acuerdo en los montos a pagar. Finalmente, la cartera deberá abonar $ 70 millones, ya que el monto incluye además moras y recargos.

La cartera ofreció pagar el monto en 80 cuotas, algo que fue aceptado por los demandantes, quienes cobraron su primera mensualidad en julio pasado y lo harán por más de seis años.

En la sentencia del Tribunal de Apelaciones del Trabajo de Primer Turno, los ministros consideraron que los médicos presentaron un sólido "bloque argumentativo y probatorio" para comprobar su relación laboral.

La emisión de recibos similares a los de los funcionarios públicos, la actualización de las remuneraciones con los mismos criterios que la Administración, los descuentos para la seguridad social, el decreto de 1998, "el deber de prestación funcional dentro de horarios predeterminados", la eventualidad de poder ser sancionados disciplinariamente y el "trabajo continuo y estable realizado con habitualidad y por cuenta ajena" fueron los elementos que para el Tribunal probaron una relación de subordinación.

Los ministros también entendieron que los demandantes prefijaban las guardias con los jefes del servicio y estaban insertos en la estructura funcional, por lo cual el relacionamiento laboral era de subordinación.

El MSP en cambio argumentó que los médicos firmaron un contrato en el que se "explicitaba" que la modalidad no era de "subordinación jurídica", sino de "arrendamiento de servicios".

Sin embargo, no es el primer juicio que la cartera pierde por un sistema que ha definido co-mo una "patología administra-tiva". Un grupo de licenciadas en enfermería de los CTI de niños y adultos, y también una dece- na de ginecólogos, lograron fallos favorables.

En base a estos antecedentes, unos 200 cirujanos y anestesistas presentaron este año una demanda con el fin de ser declarados como dependientes. Los especialistas procuran que en la regularización planeada por el MSP, no se les pueda tocar el salario.

Es que la cartera pretende que como contrapartida al beneficio de la presupuestación, sean ellos quienes financien sus nuevos aportes obreros. Las SAQ creen que eso implicaría una rebaja salarial del 20% y un despido. Un fallo a favor de los cirujanos expondría al MSP al pago de onerosos montos.

"Son enfermedades administrativas"

"Esta es una situación que viene de muchos años atrás", señaló el director de ASSE, Tabaré González. Para el jerarca, la situación a la que está expuesto el Ministerio se enmendará regularizando definitivamente todos los regímenes de contratación "patológicos" que existen en la cartera.

González explicó a El País que el gobierno, a través de la Ley del Presupuesto, dispuso que los más de cinco mil médicos y funcionarios de las comisiones de apoyo pasen a ser funcionarios públicos plenos. Así, la cartera espera terminar con la peligrosa indefinición jurídica de un régimen que, curiosamente, se creó para abatir costos del Estado.

En los 90, el MSP ideó el sistema de la Comisión de Apoyo para poder contratar técnicos y desarrollar CTI, Emergencias y block quirúrgico propios.

Sin embargo, la negociación no será fácil. El año pasado el MSP intentó evitar las renovaciones automáticas de todos los contratos. Los especialistas, que temen perder "derechos adquiridos" amenazaron con dejar los servicios, lo que haría colapsar a los hospitales.

Ya queda poco para que en noviembre vuelvan a vencer los contratos. Sin embargo González es optimista, ya que cree que muchos valorarán los beneficios de la regularización propuesta por el MSP. Entre los contratados, en cambio, se cree que el diálogo está "trancado".