El gobierno se prepara para la negociación después del fallo

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A las 9.30, con el fallo de la Corte Internacional de Justicia a la vista, el canciller Reinaldo Gargano y el ministro de Medio Ambiente, Mariano Arana, se reunirán en el Palacio Santos. Más allá de la naturaleza del fallo la línea que comenzarán a definir los secretarios de Estado pasará, inevitablemente, por las negociaciones con Argentina.

El embajador uruguayo en Buenos Aires, Francisco Bustillos llega también a Montevideo para participar de la reunión. El papel del diplomático ha sido clave en los momentos más ríspidos del conflicto binacional.

El embajador uruguayo en los Países Bajos, Carlos Mora, aventuró incluso que la resolución de la CIJ será, ni más ni menos, que un llamado a las negociaciones directas. También dijo que la decisión no dejará 100% satisfechos a ninguno de los dos países. La de hoy será una fecha bisagra en el conflicto. Una nueva etapa comienza, aunque nadie se atreve a pronosticar el fin del extendido diferendo.

NEGOCIACIONES. "En materia jurídica, cuando hay litigios, ninguna parte tiene en general el 100% de razón. La Corte, si vemos posiciones anteriores, siempre es favorable a negociaciones directas entre las partes", consideró el embajador Carlos Mora.

"No está en sus antecedentes dar el 100% de la razón. Se busca un equilibrio, se pueden establecer condicionantes o reglas. Eso es lo que tanto Argentina como Uruguay pueden esperar del fallo", agregó el diplomático que integra la delegación acreditada en la Corte Internacional.

Desde Argentina, en tanto, se esperaba ayer con confianza el pronunciamiento. La rapidez con que la CIJ respondió a la demanda fue tomada como un buen indicio por el gobierno de Néstor Kirchner. En tal sentido, la titular de la delegación argentina, la consejera legal de la Cancillería Susana Ruiz Cerrutti señaló: "El hecho de que la presidenta de la Corte nos reciba, para tratar también la cuestión de fondo, demuestra que la Corte está dispuesta a agilizar este tema".

El gobierno uruguayo, en tanto, se dispone a responder con prontitud tras el conocimiento de la decisión. La reunión que en las primeras horas de la mañana mantendrá el canciller con el ministro Arana, el embajador Bustillos, y el equipo de asesores legales y técnicos de la Cancillería será seguida de una conferencia de prensa. Allí el gobierno dará a conocer su postura.

Cabe recordar que, en la última sesión del Consejo de Ministros, el presidente Tabaré Vázquez dijo que se debía insistir con la propuesta de monitoreo compartido con Argentina.

Esa propuesta fue formulada por el propio embajador Héctor Gros Espiell al cerrar la exposición de Uruguay en la audiencia del 9 de junio.

En los hechos, la propuesta ya está escrita e incluso tiene nombre: el documento de Anchorena. El texto del acuerdo que naufragó en abril pasado centraba el acuerdo en la creación de una comisión binacional de técnicos que tuviera a su cargo el monitoreo de las plantas, una vez que estas estuvieran en funcionamiento.

Sorpresivamente, la Primera Dama argentina, la senadora Cristina Fernández de Kirchner, suspendió su visita a Montevideo. La legisladora argentina llegaría acompañada del jefe de gabinete, Alberto Fernández, para participar del foro sobre "Desafíos de la integración regional, iniciativas y propuestas".

Argentina estará representada por el subsecretario de Integración Económica, Eduardo Sigal, el embajador Hugo Varsky, el embajador Juan Carlos Olima y el economista Aldo Ferrer.

La delegación de Brasil estará encabezada por Marco Aurelio García, asesor especial del presidente Luiz Inácio Da Silva. García ha seguido de cerca la evolución del conflicto entre Uruguay y Argentina, y ha defendido la postura de una salida negociada. También llegará para el foro el ex presidente de Chile, el socialista Ricardo Lagos, quien tuvo un papel activo en el intento por acercar las partes.

La senadora Cristina Fernández fue el centro ayer en la Cámara donde se discutía la aprobación de los denominados "superpoderes", que atribuyen al jefe de gabinete facultades para modificar el presupuesto de la Nación.