Contra la inseguridad

La consigna será, "Seguro que firmo". Al menos así es como ha sido planteada la iniciativa que acaba de nacer, a raíz de la creciente desesperación de la gente, ante la actual doble situación que se soporta. Por un lado la desprotección y por otro, la tozudez de un Ministro del Interior, repetidamente respaldado por el Presidente, quien insiste, como hace unos días se le oyera decir en un reportaje televisivo, "que la curva de la delincuencia ha ido bajando".

Claro que dichas afirmaciones fueron realizadas antes de que robaran joyas y otras pertenencias de la casa del secretario de la presidencia Gonzalo Fernández, lo cual puede que finalmente haya hecho subir la sensación térmica ministerial. A estos hechos podrían agregarse el robo sufrido por una ministra en actividad y partes del automóvil de un ex Ministro del Interior.

Pero estos episodios que merecen titulares en la prensa, por tratarse de personas que forman o han formado parte del gobierno, son apenas la punta de un iceberg y la triste realidad es que nadie está a salvo; ni rico ni pobre, ni joven ni viejo, de ser víctima de la delincuencia. La manera de vivir "a la uruguaya", sin rejas ni empalizadas, ha pasado a la historia y las típicas casas de los barrios montevideanos, hoy resultan irreconocibles tras cortinas metálicas, más propias de un comercio que de una casa de familia.

El clamor de los fernandinos y el clima de miedo que se trasuntaba en las conversaciones, cuando una delegación del directorio del Partido Nacional fue a Maldonado la semana pasada, fue lo que inspiró el tremendo artículo del domingo pasado en El País, del ex presidente Lacalle, "El país del miedo". Y de ahí nació también su idea de recolectar miles de firmas, sin darle color político al emprendimiento, para presionar al gobierno y al oficialismo. Algo hay que hacer ante la reticencia que demuestran frente a los proyectos de ley presentados por legisladores nacionalistas, para encarar la lucha contra el delito y sus actuales características. Como ser, la delincuencia juvenil.

Amparados en el derecho de petición, artículo 30 de la Constitución, los ciudadanos pueden intentar que las autoridades den respuesta a sus reclamos. Para principios de agosto se podrá acompañar con una firma, propuestas como las que ya se han elaborado que apuntan en esa dirección. Se pretende hacer ciertas reformas al Código del Niño y el Adolescente por medio de proyectos de ley como el presentado por el diputado Lacalle Pou, en referencia al historial delictivo de un menor, para que éste no desaparezca al cumplir los 18 años. De modo que el juez lo pueda tener en cuenta, al momento de juzgar un acusado y no como pasa ahora, que el inculpado puede haber cometido una violación, una rapiña, inclusive un asesinato y al día siguiente de llegar a la mayoría de edad, pasa a ser considerado como un supuesto criminal primario.

A su vez, se piensa proponer una rebaja de la inimputabilidad, pero no en forma automática, sino a criterio del juez, de acuerdo a los antecedentes y penar la tentativa de hurto de los menores de 18. Actualmente el intento de robo, si no lo pudo concretar por el motivo que fuere, no se castiga. Otra iniciativa sería la creación de un centro especial en el INAU para los infanto juveniles y se estudia reformar el código penal para hacer más severas las penas por incumplimiento de los deberes de la Patria Potestad.

El problema del abigeato que padece la gente del campo también habrá de estar incluido, ya que cada vez es más preocupante la indefensión en la que se encuentra la gente del sector, ya sean grandes o pequeños productores.

Es de esperar que no jueguen las pequeñas ambiciones partidistas y se produzca una importante adhesión a esta causa que nos atañe, así como es imprescindible, lamentablemente, construir más cárceles y, al mismo tiempo, perfeccionar las posibilidades de reinserción social de los liberados.

El combate a la miseria, la creación de empleo y la educación como objetivo, son otra cara de la misma moneda.