Amnistía culpa a ley de Caducidad de obstruir a la justicia

La organización Amnistía Internacional (AI) concluyó en su informe anual que en Uruguay, la ley de Caducidad obstruyó los progresos realizados para abordar las violaciones de derechos humanos cometidas en las décadas del 60 y 70.

El capítulo Uruguay del informe destaca que "el gobierno del presidente Tabaré Vázquez Rosas inició una serie de investigaciones para establecer la suerte corrida por las víctimas de desaparición del período del gobierno militar (1973-1985) y los lugares donde habían sido enterradas. Las zonas que se investigaron incluían cuarteles militares, donde se encontraron restos humanos".

También subraya que tres casos de violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado fueron presentados ante los juzgados. "Sin embargo, no se hizo ningún intento de anular la ley de Caducidad", afirma.

Al respecto agrega que el gobierno interpretó que el alcance de la ley de Caducidad estaba limitado a las violaciones de derechos humanos cometidas por los gobiernos militares después del golpe de Estado de junio de 1973. "Esta interpretación abrió la posibilidad de entablar acciones judiciales contra unos 600 miembros y ex miembros de las fuerzas armadas en relación con delitos cometidos antes del golpe de Estado", concluye.

Amnistía Internacional destacó que el nuevo gobierno "excluyó del alcance de la ley de Caducidad tres casos ocurridos en Argentina, según se afirmó con la cooperación de las fuerzas armadas uruguayas y argentinas. Los tres casos fueron llevados ante los juzgados poco después".

Entre los hechos importantes del año menciona que en junio, el ex presidente Juan María Bordaberry y el ex ministro de Relaciones Exteriores Juan Carlos Blanco fueron acusados de estar implicados en los asesinatos de los legisladores Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, y de los activistas Rosario Barredo y William Whitelaw. Los cuatro habían sido asesinados en Argentina en 1976.

Añade que en agosto, las Fuerzas Armadas revelaron que los restos de María Claudia García de Gelman, que había "desaparecido" con su esposo en 1976, estaban casi con toda seguridad enterrados en los terrenos del Batallón N° 14 del Ejército, cerca de la capital, Montevideo". Por último menciona que en noviembre el Tribunal de Apelaciones archivó el caso debido a que estaba comprendido en la ley de Caducidad.

Malos tratos. El informe también señala la existencia de denuncias de malos tratos a detenidos, y a menores, en comisarías de policía. "Se denunciaron condiciones duras de reclusión y otros malos tratos en el Penal de Libertad", sostiene. Y agrega que en junio, cientos de presos llevaron a cabo una huelga de hambre, en protesta por el hacinamiento y la falta de comida, asistencia médica, agua caliente y electricidad. Los reclusos:"también exigían al Parlamento que aprobara urgentemente legislación que aliviara el hacinamiento en las cárceles".

Por último destaca que en setiembre, se aprobó la ley de Humanización y Modernización del Sistema Carcelario, "que pretendía disminuir el hacinamiento en las cárceles concediendo la excarcelación provisional o adelantada a ciertas categorías de presos".