Bush defiende legalidad de escuchas telefónicas

| El presidente dijo que no se hacen sin autorización de la Corte pero el escándalo tiende a seguir creciendo

WASHINGTON | EFE

El presidente de Estados Unidos, George W. Bush, insistió ayer en que el trabajo de los servicios de inteligencia de su gobierno no vulnera el derecho a la intimidad de los ciudadanos y tienen como objetivo prioritario proteger a los estadounidenses.

"El gobierno no escucha las llamadas telefónicas personales sin una autorización judicial", aseguró el presidente en su habitual discurso radiofónico de los sábados.

En un nuevo intento de calmar la polémica suscitada en torno al controvertido programa de espionaje respaldado por su Gobierno, Bush subrayó que "la privacidad de todos los estadounidenses está extremadamente protegida en todas nuestras actividades".

Las autoridades no se dedican a hurgar en la vida personal de las personas inocentes, prosiguió. Lo que hacen es todo lo que está en su poder "de acuerdo con nuestras leyes y nuestra Constitución" para protegerles y proteger sus libertades.

"Eso es exactamente lo que estamos haciendo" y hasta ahora ha dado resultado porque, según precisó, "hemos tenido éxito en la prevención de otro atentado en nuestro territorio".

El presidente ha centrado todo su discurso en esta cuestión para contrarrestar las numerosas críticas de quienes acusan al Gobierno de extralimitarse en sus funciones y de violar el derecho a la privacidad de los ciudadanos, a raíz de la noticia publicada el jueves por el diario "USA Today".

Según el periódico, Estados Unidos creó una gigantesca base de datos que incluye los registros de millones de llamadas, tanto de sospechosos de terrorismo como de ciudadanos comunes, en colaboración con las tres mayores compañías telefónicas del país.

Bush no confirmó ni desmintió nunca la existencia o no de esa base de datos y se limitó a incidir en que el programa de espionaje que él mismo autorizó tras los atentados del 11 de setiembre de 2001 tiene como misión localizar a miembros de Al Qaeda y de cualquier otra organización sospechosa de terrorismo.

El que definió como "programa de vigilancia terrorista" ayuda a identificar a personas como las que perpetraron los ataques del 11-S y otros ocurridos en el exterior y, por lo tanto, "sigue siendo esencial".

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