Peor la enmienda...

Problemas de inseguridad pública los hay en todos lados, pero mal de muchos consuelo de tontos. Aquí son cada vez más graves. En reportaje a Julio C. Lestido publicado en "El Observador" del 5 de marzo bajo el título de "Vivimos en la dictadura de la delincuencia", el destacado coleccionista de armas anuncia la creación de una consultoría de seguridad para formar instructores y prestar servicios a empresas y particulares que los soliciten. Es una interesante iniciativa que en lo referente a la seguridad personal procura la protección mediante todo un sistema que permitiría hasta la actuación de guardaespaldas privados —autorizados por el Poder Ejecutivo— en última instancia. La intención comprueba la gravedad de la situación que estamos viviendo en la medida que llenaría necesidades de protección insatisfechas. Se está pensando en otra modalidad de la privatización de la defensa de la seguridad individual. En el país existen empresas de seguridad privadas aunque esta idea apunta, según explica Lestido, a nichos determinados del mercado.

En el resto del mundo también vuela la imaginación para defenderse, aunque no siempre con métodos adecuados. En la dirección electrónica www.fullaventura.com , con fuente en infobae, se transcribe un cable de EFE que da cuenta de la aprobación por el Parlamento italiano de una ley que modifica esencialmente la figura de la legítima defensa, al derogar en determinados casos uno de sus principios básicos, como lo es el de la proporcionalidad de la respuesta frente al ataque. Así, se legitima la reacción "como le parezca" (sic) de cualquiera que se sienta amenazado o agredido en su vivienda o lugar de trabajo, mediante la utilización de "arma legal y otro medio idóneo" para defender la propia integridad o la de otros, pero también "los bienes propios o de otras personas". En tales casos desaparecerá la figura del "exceso de violencia" que desdibuja la causal de justificación de la conducta.

Esto es una barbaridad. Sorprende que sea en Italia, la cuna del derecho occidental, de las escuelas más célebres de penalistas del mundo, en donde se haya prohijado este engendro. Literalmente bastaría con que el agente "se sienta amenazado o agredido" en su casa o en su lugar de trabajo —lo cual es un dato eminentemente subjetivo, que no vemos cómo podría probarse de otra manera que con la afirmación del propio sujeto— para que pueda legítimamente proceder como en el Lejano Oeste. Ello implica delegar el uso de la fuerza a los ciudadanos. Es lo mismo que en su oportunidad hemos criticado, como la formación de milicias de vecinos en "barrios rojos" de Montevideo. La ley, impulsada por la Liga Norte y Forza Italia, bajo la consigna de advertir al delincuente que una tentativa de delito le va a ocasionar problemas, y que debe tutelarse al ciudadano y no a los criminales, ha levantado una fuerte polémica en Italia en donde se le imputa de inconstitucional, y de poner en el mismo plano el bien de la vida con bienes de carácter patrimonial.

Este es un elocuente ejemplo de lo que NO debe hacerse para enfrentar la ola de delincuencia. Pero es ejemplo también del gravísimo riesgo que se corre si no se busca el punto medio que le dé respaldo a la autoridad para proceder, en lugar de hacerle guiñadas a los delincuentes con salidas anticipadas, órdenes de no represión a los abusos y la permisividad de las ocupaciones de lugares de trabajo, porque puede llegar un momento en que la gente se arme y se defienda por sí sola ante la inoperancia del Estado.

La responsabilidad es suya, Sr. Ministro del Interior.