Los trabajadores de la empresa gráfica Vanni pidieron al Poder Ejecutivo que emita un decreto de intervención de la planta, y luego un proyecto de ley para poder expropiar la maquinaria.
Según dijo a El País el dirigente gráfico e integrante del secretariado Ejecutivo del Pit—Cnt, Juan Carlos Venturini que la intención es que a través del Ministerio de Industria se le otorgue a la cooperativa la administración de la empresa y que se habiliten las negociaciones con el Banco República para su financiación.
Por otro lado, el juez penal Jorge Díaz intenta concluir la semana próxima el presumario sobre la ocupación y la formación de la cooperativa que presentó el dueño de la empresa, Juan Vanni. Hoy terminarán de declarar los trabajadores de Vanni y entre hoy y mañana declararán en presidente del Banco República, Fernando Calloia, así como integrantes del directorio de la Corporación Nacional para el Desarrollo.
Para terminarlo antes de la feria han realizado las audiencias todos los días desde la mañana y hasta la tarde pero probablemente la resolución del caso se aplace para febrero.
En estas semanas de instrucción han pasado por el juzgado entre 80 y 90 personas entre los trabajadores que están ocupando la planta y los testigos y el expediente que deberá estudiar la fiscal Mónica Ferrero es voluminoso.
Además de los testimonios, el expediente contiene otras pruebas documentales como la información que aportó el Ministerio de Trabajo de las gestiones realizadas.
Los trabajadores de la imprenta Vanni —que desde hace casi tres meses ocupan la planta ubicada cerca de ruta 5— crearon la cooperativa para gestionar la empresa.
Los obreros rechazan que el proceso de autogestión iniciado implique apropiación indebida de las instalaciones e incluso aseguran que le están "haciendo un favor" al empresario debido a que realizan "el mantenimiento gratis" a la maquinaria.
La empresa funciona ahora bajo el nombre de Cooperativa de Producción Gráfica (Cooprograf).
La cooperativa recuperó unos 30 clientes y cada trabajador gana unos 1.000 pesos por semana, según la versión gremial.