El proyecto de presupuesto contiene normas tendentes a fortalecer la actuación de la Dirección General Impositiva (DGI).
La norma autoriza a la repartición, contando con autorización previa del Ministerio de Economía, a publicitar los casos de defraudación tributaria cuando estos excedan el monto de 1.700.000 Unidades Indexadas (equivalentes a $ 2.519.740) o cuando siendo menores afecten la solidaridad ciudadana.
También se habilita a la DGI a exigir que todas las personas físicas o jurídicas, las entidades de derecho privado sin personería jurídica, personas públicas no estatales, las empresas públicas, gobiernos departamentales, la Administración Central y los poderes Legislativo y Judicial, le proporcionen los datos que ésta requiera siempre y cuando no estén amparados por el secreto bancario o estadístico.
Por otra parte, también propone clausuras de hasta 30 días hábiles para quienes sean reincidentes en el delito de defraudación tributaria.
El equipo económico prevé que los ingresos de la DGI crezcan paulatinamente desde 0,5% del PIB en 2006 hasta 1% en 2009.