Duro intercambio entre Impositiva y Consorcio

El duro intercambio de declaraciones entre las autoridades de la Dirección General Impositiva (DGI) y de la empresa Consorcio Ruta 1 (CR1) continuó ayer durante toda la jornada. Mientras el director nacional de Rentas, Eduardo Zaidensztat, afirmó que el embargo de la DGI sólo ha afectado el 20% de la recaudación de la firma, los empresarios aseguran que la medida se ha aplicado sobre el 100% de sus ingresos, por lo cual, "en pocos días" la concesionaria se verá impedida de seguir prestando el servicio.

Paralelamente, el ministerio de Transporte no tomó ayer ninguna decisión. Las autoridades esperarán a que la jueza Rosina Rossi se expida sobre el amparo solicitado por la firma —algo que ocurriría mañana— para definir cómo será la continuidad de las obras en el puente del Santa Lucía y la ruta 1. "Después del viernes vamos a tomar las definiciones. Pero está claro que con la rescisión del contrato, el gobierno se anticipó a todo lo que iba a pasar y seguimos afirmando que la finalización de estas obras no pasará de este año", afirmaron a El País fuentes de esa cartera.

Cruce. Ayer, el director de CR1, Carlos Mosqueira, afirmó que Zaidensztat "falta a la verdad" en todas sus apreciaciones y enfatizó que la DGI está realizando un verdadero "atropello jurídico" que está liquidando a la empresa. El titular de la DGI aseguró que la medida cautelar que ha dispuesto sólo afecta el porcentaje de recaudación de peajes que queda "a libre disposición" para la empresa, ya que el 80% restante ésta lo destina a sus proveedores y otras firmas con las cuales subcontrata. Pero Mosqueira asegura que la DGI ha tomado una medida que lisa y llanamente lleva a la quiebra a la concesionaria, puesto que el embargo opera sobre el 100% de su "recaudación actual y futura", la que además es "su único ingreso".

Además, el empresario también apuntó que el 20% que no es destinado a las empresas subcontratadas es el que CR1 necesita para "sobrevivir", porque son los recursos con los cuales se pagan los salarios de todos los empleados además de todos los gastos de funcionamiento. Mosqueira dijo que la medida implica un "drama social" no sólo para los trabajadores de Consorcio, sino también para "las cientos de familias" que dependen de las diez empresas subcontratadas, que por un "efecto arrastre", se "van a fundir". Para Zaidensztat, sin embargo, la empresa no tiene ninguna "inhibición legal" para seguir funcionando.

El director defendió la postura de la DGI y ratificó que se analiza una posible denuncia penal por defraudación. "La DGI no va a titubear en aplicar el Código Tributario a las empresas que realizan maniobras de defraudación, que realizan ingenierías para evadir cifras millonarias", declaró Zaidensztat. El jerarca insistió en que su repartición actúa con "imparcialidad" más allá del tamaño de las empresas y que "no hay hijos ni entenados".