"Me consta que son enormes las dificultades para conseguir las historias clínicas", afirmó la abogada Ana Lima. El decreto 258 de 1992 establece que el paciente tiene derecho a solicitar una copia de su historia clínica y que hospitales y sanatorios tienen la obligación de dársela.
En este caso, a los padres de Mayra García les negaron dos veces la historia clínica de su hija en la secretaría de la dirección del hospital Maciel. Incluso rechazaron un pedido por escrito. Les pidieron que presentaran una solicitud firmada por un abogado. Así lo hicieron. La abogada Ana Lima afirmó a El País que la documentación que le entregaron estaba incompleta.
Hay una etapa —la más decisiva en lo que le pasó a la jovencita— de la cual sólo había un resumen, las páginas no estaban foliadas como corresponde y había anotaciones sin hora, ni firma e incluso datos contradictorios, afirmó Lima, después de estudiarla junto a un médico que la asesoró.
Como al matrimonio García de Amores le hicieron presentar un escrito formal, por abogado, entonces Lima se pregunta: Si ellos no hubieran recurrido a la asistencia legal, ¿esto se hubiera investigado?
Gustavo Bogliaccini, entonces director del Maciel, dijo a la prensa que había sido un error no entregar la historia clínica en su momento.
Según Lima, la secretaria del director "dijo que en ese hospital no se entregaban historias clínicas".
El actual director, Daniel Parada, dijo que ese es "un error conceptual" y reconoció que en muchos casos, el personal de centros asistenciales no sabe qué tiene que hacer frente a una solicitud de este tipo. La respuesta, entonces, es no.
INCONGRUENCIAS. Bimba Barreda, la directora de la Asociación de Usuarios del Sistema de Salud (ADUSS) afirmó que es increíble la desinformación entre médicos, abogados y personal de centros asistenciales respecto a este y otros derechos de los pacientes. "En el caso Maykol hubo problemas para conseguir la historia clínica", indicó Barreda.
Barreda fue a un congreso de responsabilidad médica este fin de semana en Colonia y volvió escandalizada por lo que describe como desconocimiento de derechos y obligaciones.
La propia Lima, cuando fue jueza civil en Pando, condenó a una institución asistencial por haber adulterado una historia clínica en el caso de un bebé que murió en un parto al que no acudió el ginecólogo tratante por más que se le había llamado para avisarle que había dificultades en el parto.
Una enfermera había tachado un número para sustituirlo por otro, encubriendo la responsabilidad del médico.
Lima detectó incongruencias en la historia clínica que se le entregó por el caso de Mayra García, tanto en episodios que se narran —"...está desmayada ¡pero habla!"— como en los niveles de glicemia, calcio y potasio.
La abogada aclaró que se está investigando si en este caso hubo mala praxis. También dejó abierta la posibilidad de que a Mayra le ocurriera algo orgánico y no inducido por el tratamiento. En ese caso, hizo la salvedad de qué hubiera pasado si eso se hubiera detectado a tiempo.