Después de Semana de Turismo, el gobierno enviará al Parlamento una ley de urgente consideración que procurará descongestionar el sistema carcelario, reveló ayer el ministro del Interior, José Díaz.
El proyecto está siendo analizado por integrantes de la Suprema Corte de Justicia. Plantea la utilización de edificios públicos como cárceles, unificar el sistema penitenciario en todo el país y modificar algunas penas vigentes, dijo el ministro a El Espectador.
Por su parte, el director de Cárceles, Enrique Navas explicó a El País que el proyecto plantea para primarios, jóvenes o delincuentes que rescinden con un delito leve, medidas alternativas a la prisión como el trabajo comunitario, el arresto domiciliario, la presentación en locales policiales en determinados días y horarios y el uso más amplio del procesamiento sin prisión.
Según Navas, los procesados por delitos leves representan "no menos del 40 por ciento" del total de encarcelados.
"En continuas reuniones que mantenemos con los reclusos, les planteamos que se utilizarán edificios públicos para su eventual utilización como centros penitenciarios para descongestionar el hacinamiento en otros establecimientos", agregó Navas.
El paquete de leyes que enviará el Poder Ejecutivo derogará la Ley de Seguridad Ciudadana de 1995, uno de las principales políticas aplicadas por el entonces ministro Guillermo Stirling.
El director de Cárceles dijo que los efectos negativos de la Ley de Seguridad Ciudadana fueron: el aumento de las penas de delitos que antes eran excarcelables y pasaron a ser inexcarcelable, el incremento del tiempo de permanencia en la cárcel de los procesados y penados y restringió las posibilidades de obtener los distintos tipos de libertad.
"Esa norma cerró definitivamente las puertas de las cárcel a muchas personas que podrían salir mucho antes de lo que están saliendo ahora", explicó.
Según Navas, el proyecto del gobierno de Tabaré Vázquez plantea alternativas a las leyes que promovieron un mayor rigor punitivo.
"Por ejemplo, se disminuirá la pena de algunos delitos, se bajaría el monto de algunas penas y se facilitarán las libertades de los presos", expresó el jerarca carcelario.
"Procuraremos que se se aplique otro tipo de medidas sociales que contemple la educación, el trabajo y las medidas alternativas a la prisión", advirtió.