Países buenos y malos

UNA larga lista confeccionada por la publicación británica The Economist determina con prolijidad de cifras, sumas y restas cuáles son los mejores países del mundo para vivir. Esa clasificación tomó en cuenta factores múltiples, no sólo el ingreso per cápita en cada caso sino muchas otras condiciones relacionadas con el bienestar de la población: la salud pública, los niveles de libertad individual, las cifras de desempleo, las circunstancias de la vida en familia y de las relaciones comunitarias, los vaivenes del clima, la estabilidad política, los datos sobre seguridad ciudadana y las estimaciones sobre igualdad entre los sexos. Ese conjunto de datos permitió establecer medidas de acuerdo a las cuales fue surgiendo el orden en que figuran los países dentro de la tabla, para que algunos se sientan ufanos y otros deprimidos.

SORPRENDENTEMENTE, en primer lugar aparece Irlanda, una isla que hasta hace un par de décadas era la desheredada del área europea y padecía niveles de desempleo que se encontraban entre los más elevados del mundo, por no hablar del reducido ingreso promedial de sus habitantes. Pero la economía irlandesa ha crecido casi un diez por ciento anual desde 1995, superando a cualquier otro vecino de la Unión Europea, de manera que dicha república dejó atrás sus desventajas (cuando figuraba al lado de Grecia y Portugal como uno de los miembros pobres de esa comunidad) para exhibir el nivel salarial más alto de toda Europa, desarrollar un formidable potencial de pequeñas y medianas industrias, abatir sus cifras de desocupados y transformarse en un modelo envidiado y copiado por unos cuantos países del planeta.

TODO ello explica que Irlanda haya trepado al primer lugar en la columna de The Economist, sitio de privilegio en el que aparece seguida por Suiza, Noruega, Luxemburgo, Suecia, Australia, Islandia, Italia, Dinamarca y España, en ese orden. Pero detrás de esos diez cabezales del estudio surgen otros países incluidos entre los primeros treinta, como Estados Unidos (en el sitio 13), Francia (25), Alemania (26) o Gran Bretaña (29) que curiosamente ocupa el renglón más bajo de los quince integrantes de la Unión antes de que se ampliara con diez más. Para ubicar a Gran Bretaña en ese lugar influyeron factores como los elevados promedios de divorcio, falta o escasez de vida comunitaria y reducida expectativa de vida, a pesar de su empinada renta individual y demás ventajas compensatorias. Aunque resulta igualmente inesperada la ubicación desventajosa de Francia o Alemania con respecto a vecinos más empinados.

EN la región latinoamericana surge Chile como el mejor país en el casillero número 31, por debajo del cual el orden va decreciendo con México (32), Brasil (39), Argentina (40), Uruguay (46), Ecuador (52), Perú (53), Colombia (54), Venezuela (59), Paraguay (74), Bolivia (82), Guatemala (91), Honduras (96) y Haití, que figura penúltimo en la lista de ciento once naciones. Puede parecer llamativo que el Uruguay se encuentre donde está si se toman en cuenta circunstancias declaradas por The Economist, como el desempleo, la expectativa de vida o sobre todo la seguridad ciudadana, ya que países con enloquecedores niveles de inseguridad y terribles índices de desocupación (Brasil o Argentina, sin ir más lejos) ocupan lugares más ventajosos que el Uruguay, sin olvidar la proximidad de nuestro país con otros del hemisferio (Ecuador, Colombia) donde ciertos índices ya nombrados asumen niveles de alarma o verdadero desastre. Pero los cálculos internacionales tendrán sus motivos (y quizá también sus distracciones) para llegar a los resultados que muestran.

EN los sectores inferiores de la tabla de esa publicación inglesa se ubican comarcas tan desvalidas como Zimbabwe, "golpeada —según dice el texto— por la inestabilidad política y económica". Ese país africano está último en la lista "porque allí las cosas fueron de mal en peor bajo la presidencia de Robert Mugabe", un hecho notorio de los últimos tiempos. Pero ya que The Economist es un órgano periodístico británico, debería incorporar a esa contabilidad de desdichas de una joven república africana el lastre que allí dejaron los siglos de coloniaje, un pasado que en el caso de Zimbabwe estuvo ligado a Gran Bretaña, precisamente. Que después aparezca Robert Mugabe no es una casualidad sino una consecuencia.

Es discutible, jurídicamente, si puede o debe dictarse una ley interpretativa de la última reforma constitucional, pero, al menos políticamente, para el Encuentro Progresista - Frente Amplio, es indiscutible que esa ley debe aprobarse.

Por eso llamó la atención la actitud de una Legisladora del P.C., de otro de la lista 90 y de un constitucionalista del mismo sector que, invocando el pronunciamiento "del Soberano" y los claros, —para ellos— términos de la reforma, negaron toda posibilidad de cualquier norma aclaratoria.

No piensa lo mismo el Ministro de Economía nominado, que en una entrevista que tuvo lugar en Madrid con empresarios españoles, dijo, el jueves 8 de julio pasado, "que en caso de que gane el sí de la reforma, es necesario elaborar una ley que reglamente la aplicación de la iniciativa, buscando que los derechos adquiridos por las empresas sean respetados". Ni el Presidente electo, que en la misma oportunidad, intentó tranquilizar al auditorio diciendo también que iba a dictarse una ley interpretativa. "Es posible plantear una reglamentación de la reforma constitucional", sentenció.

Aunque pedirle a los integrantes del E.P. que se pongan de acuerdo es una tarea muy difícil de lograr, deberían al menos callarse la boca para no poner de manifiesto sus discrepancias.