La Suprema Corte de Justicia dispuso una investigación administrativa para saber por qué demoró la tramitación de la casación del caso AFE en donde está pendiente desde hace seis años el pedido de procesamiento del ex titular.
Además resolvió poner en conocimiento del fiscal de Corte subrogante, Marcelo Brovia, la eventual vulneración de la fiscal Mirtha Guianze del deber funcional de reserva por adelantar información sobre el asunto.
La fiscal pidió explicaciones a la corporación sobre el motivo por el cual la sentencia de la casación demoró cuatro años en resolverse y seis meses una vez firmada, en ser notificada al juzgado para que se pudiera realizar la audiencia previa a decidir sobre el procesamiento, pedido por ella desde 1998.
Los ministros entendieron que "resulta indebido y por ello sorprendente que la fiscal adelante su opinión sobre que "seguramente" habrá de declararse la prescripción del delito.
Para desarrollar la investigación administrativa por la "inusitada demora" la Corte designó al magistrado Tabaré Sosa, ministro del Tribunal de Apelaciones civil de segundo turno.
La corporación afirmó en un comunicado que difundió ayer que la causa penal "reviste de gran complejidad procesal en razón del número de procesados y defensores a notificar, además de otras conclusiones que justifican la iniciación de la investigación administrativa señalada".
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