En tres años el gobierno sólo redujo 5.000 de sus empleados

SEBASTIAN CABRERA

Desde 2000 y en los tres primeros años de gobierno, el Poder Ejecutivo redujo en poco más de 5.000 la cantidad de funcionarios públicos. Hasta diciembre de 2002 —increíblemente las últimas cifras oficiales al respecto— había 217.866 funcionarios y 234.265 cargos públicos. Y en algunas áreas, como la Administración Central o el Poder Legislativo, el número de cargos prácticamente no disminuyó.

Es así que el tema se transforma en un desafío para el próximo gobierno, que deberá plantearse una política clara en cuanto a la racionalización de los recursos humanos.

Mucho se ha hablado acerca de quitar la inamovilidad y bajar la pesada carga del Estado, tarea en la cual el gobierno que termina no parece haber tenido demasiado éxito.

El propio Pedro Aramendía, director del Comité Ejecutivo para la Reforma del Estado (Cepre), admitió hace algunos días que si hubiera habido mayor estabilidad económica, el gobierno se podría haber concentrado "con más fuerza" en acciones de racionalización.

El jerarca entiende que la próxima administración debe analizar con seriedad la inamovilidad, ya que hoy en día "es prácticamente imposible cesar a un funcionario que tenga mal comportamiento o que no sirva".

Pero ningún candidato de los partidos con caudal electoral se ha aventurado a hablar de la inamovilidad, consagrada en la Constitución en 1951 para evitar persecuciones políticas.

¿Cuáles son, entonces, las propuestas electorales sobre recursos humanos para los próximos cinco años?

PARTIDO COLORADO. En su programa la "Revolución del Centro", defiende el proceso de reforma del Estado aplicado durante el gobierno de Julio María Sanguinetti. Allí se indica que entre 1995 y 1999 se declararon excedentarios más de 11.500 cargos y funciones, y se suprimieron 1.771 del escalafón militar.

El programa colorado propone poner en prácticas "nuevas experiencias de aumento de las retribuciones de los funcionarios", y aplicar una política gradual de reorientación de ciertas empresas públicas para tornar más eficiente su gestión.

Hace algunos meses, en ADM, el candidato Guillermo Stirling se manifestó contrario a declarar la amovilidad de los funcionarios, aunque sí a mejorar la eficacia en la administración.

PARTIDO NACIONAL. El programa blanco indica que es "imprescindible y urgente" introducir profundas transformaciones en la organización y funcionamiento del Estado. Dice que éste es "costoso, pesado, ineficiente e ineficaz", lo cual es "francamente incompatible" con un crecimiento sustentable de la economía.

Se considera que los programas aplicados en la última década para racionalizar el funcionamiento del Estado —el Programa Nacional de Desburocratización y luego el Cepre— se centraron más en lo formal que en "temas de eficiencia".

Al igual que los otros partidos, los blancos no dicen claramente cómo harán para alcanzar sus objetivos. Pero prometen que racionalizarán los organismos públicos, reagrupándolos por afinidad de cometidos, y erradicarán las prácticas abusivas "asociadas al despilfarro y al privilegio", como la proliferación de contratos de obra y los excesos en materia de pases en comisión.

ENCUENTRO PROGRESISTA. Si algo tiene claro la izquierda es que le dará participación a los funcionarios públicos en la elaboración del presupuesto quinquenal y en eventuales procesos de reforma del Estado, según se acordó en seminarios de relacionamiento con el Pit-Cnt. Allí se habló de "coparticipación", y de incidencia de la opinión de los trabajadores en diferentes temas.

La inamovilidad, en cambio, no se aborda oficialmente y no existe un criterio en las bases programáticas. Algunos líderes del Encuentro Progresista-Frente Amplio (EP-FA), como Rodolfo Nin Novoa o Danilo Astori, se han mostrado partidarios a revisar el asunto.

Astori afirmó que el sector público "está lleno de ineptos que llegan a sus cargos por favores partidarios electorales" y que el Estado no debe ser sinónimo "de acomodo, de prebendas para perpetuarse en el poder". Aclaró, sin embargo, que todos los meses firma destituciones en el Senado, "más de las que la gente cree".

En las bases programáticas del Partido Independiente, en tanto, se habla directamente de "reformular" la inamovilidad de los funcionarios públicos. Pero es el Partido Liberal el que tiene una política más clara a favor de racionalizar los recursos estatales: pretenden "un Estado mínimo, en sus gastos y en su actividad".