En representación de la Intendencia de Canelones, un equipo de 30 contadores fiscalizarán el pago de las tasas municipales por parte de las empresas y comercios del departamento, tras constatar autoridades municipales que la morosidad por estos conceptos alcanzó un 80%, dijo a El País el director de Hacienda de la comuna, Daniel Lamela
Este porcentaje, indicó, representa unos 200 millones de pesos por año, lo cual equivale al 20% del presupuesto de la Intendencia de Canelones.
La comuna hizo un llamado a profesionales en el Colegio de Contadores del Uruguay y en universidades públicas y privadas.
Pese a que el equipo estará integrado por treinta miembros, a la citación se presentaron unos 120 interesados.
Durante las fiscalizaciones, los contadores portarán documentos que los acreditarán como representantes de la intendencia. No serán funcionarios ni serán contratados por la comuna. Tampoco percibirán viático alguno por sus tareas.
Según Lamela, los ingresos de los profesionales provendrán de los cobros que realice el municipio a las empresas deudoras inspeccionadas, en función de una escala dispuesta por la intendencia.
"El llamado pedía contadores públicos evaluadores. Estos podrán supervisar cualquier documentación" del comercio fiscalizado, dijo.
Luego de Semana Santa, los contadores comenzarán a trabajar en el control del pago de la Tasa Bromatológica.
Es que un estudio elaborado por técnicos de la intendencia concluyó que, dentro del rubro impuestos varios, este tributo era el que tenía una mayor morosidad. Además, es el impuesto que posee una mayor incidencia en el comercio establecido.
A comienzos del 2003, la intendencia enfrentó una morosidad por contribución inmobiliaria de un 75%, mientras que por patente de rodados esta alcanzó un 50%. En este momento, tras dos amnistías, esos números cayeron a un 40% y a un 30% respectivamente.
En este momento, la comuna padece un déficit acumulado importante que alcanza el 120 por ciento de su presupuesto. Es decir, el déficit acumulado ronda los 1.200 millones de pesos, mientras que el presupuesto anual del municipio no supera los 1.000 millones de pesos.
Según Lamela, "han dado resultados alentadores" los esfuerzos por potenciar los recursos y aplicar un régimen disciplinario de los gastos.
El jerarca dijo que las mejoras económicas se resúmen en la baja del déficit anual con impacto en el acumulado; el pago en fecha de sueldos y cuota mutual de funcionarios, proveedores, retenciones, empresas recolectoras de residuos y de alimentos utilizados en el plan alimentario departamental.
La mejor recaudación, explicó, permitió que el servicio de cuidado de playas se efectuara en forma normal.
"También se está al día con la diferencia entre los incentivos jubilatorios y los salarios de aquellos funcionarios que se acogieron a este plan", dijo Lamela.
En este momento, el municipio regularizó su deuda con el Banco de Seguros del Estado y se encuentra al borde de alcanzar un acuerdo similar con el Banco República.
Expresó que la intendencia está en una situación económica "estable" y advirtió que hace mucho tiempo que no se encontraba en una situación similar.