Hoy definen auditores de liquidados

El Directorio del Banco Central (BCU) adjudicará hoy la auditoría de los fondos que administran los activos de los bancos liquidados a tres consultoras distintas, una por cada área a evaluar, confiaron a El País fuentes que participan del proceso. Por otra parte, se espera que antes de fin de mes queden prontas las bases definitivas del llamado a licitación para tercerizar la administración de los activos de los bancos Comercial, Montevideo y Caja Obrera.

La decisión de la autoridad monetaria, que será tomada en la sesión de hoy del Directorio, coincide con el proceso judicial que se viene siguiendo en torno a irregularidades cometidas con el pago de un depósito a plazo fijo radicado en el Banco Montevideo, por el que la semana pasada fueron procesadas cinco personas. (Ver nota en esta página).

Sin embargo, fuentes viculadas con el tema explicaron que el BCU ya había hecho un llamado a licitación para contratar una auditoría general de todo lo actuado en los fondos de liquidación de los bancos.

Las fuentes, que pidieron el anonimato, dijeron que la elección comprenderá a tres empresas de auditoría distintas y que cada una de ellas evaluará lo actuado en una fase determinada del proceso de liquidación.

La auditoría abacará los pagos efectuados contra el Fondo de Estabilidad del Sistema Bancario (FESB), los estados contables de la liquidación y, por último, la gestión de los fondos de administración de los bancos quebrados.

LICITACION. Por otra parte, los informantes sostuvieron que en el BCU pretenden convocar antes de fin de mes la licitación para conceder a privados la admiistración de los activos de los bancos liquidados.

En las últimas semanas delegados del BCU y representantes de las cinco empresas precalificadas para participar del llamado vienen intercambiando puntos de vista para confeccionar el pliego de la licitación.

Las empresas hicieron observaciones a la propuesta efectuada por el BCU de determinar el ganador de la licitación en base al precio que ofrezca por hacerse cargo de la administración, pero fuentes de la entidad aseguraron que ese será el criterio a utilizar.

Según fuentes financieras, la crítica principal a ese criterio es que en la medida que el adjudicatario habrá tenido que pagar una suma considerable para acceder a los activos termine aplicando una política de recupero muy agresiva, para conseguir el mayor retorno posible a su inversión, recurriendo en mayor medida a la ejecución de las garantíás de los préstamos que deba rescatar.

Según el borrador de las bases elaboradopor el BCU la administración de la liquidación de los bancos se concedrá por un período de cuatro años, prorrogables a seis, al oferente que proponga pagar el mayor precio por hacerse cargo de la operación, el que deberá ser cancelado en los diez días posteriores a la adjudicación. Además estableció que el adjudicatario recibirá comisiones crecientes de entre 5% y 40% según el monto de activos que recupere.

Las carteras de los bancos liquidados suman unos U$S 650 millones en términos nominales, pero las expectativas de cobro de los grupos interesados rondan los U$S 70 millones. En el BCU se espera recuperar entre U$S 150 y U$S 187 millones.

La jueza Anabella Damasco continúa la investigación en torno a la gestión del fondo de liquidación del Banco Montevideo y fuentes judiciales dijeron que la magistrada no descarta que puedan comprobarse nuevas irregularidades.

Los informantes dijeron que la jueza sospecha que detectará otras fallas en el proceso, así como también otros involucrados en las maniobras además de los que procesó la semana pasada.

El viernes pasado Damasco procesó con prisión a cuatro de las personas investigadas por un fraude cometido en el proceso de liquidación del Banco Montevideo mediante la devolución mal efectuada de un plazo fijo radicado en esa institución, y sin prisión a otra de ellas. Los procesados son el administrador delegado del Banco Central en el fondo de liquidación, de iniciales OO, dos auditores del mismo, el dueño del depósito (MD), y su hija.

Según las fuentes, durante la indagatoria la jueza consiguió probar "muchas cosas", entre las que destacaron una coima de U$S 150.000 que pagó el dueño del depósito al funcionario del Banco Central para recuperar su dinero.

Ambos fueron procesados con prisión por el delito de cohecho calificado, el que está penado con una reclusión que va desde un año de prisión hasta 6 años de penitenciaria.

A los dos auditores la jueza les imputó el delito de coautoría de cohecho calificado y también quedaron detenidos.

La hija de MD fue procesada sin prisión por simulación de delito. La mujer denunció la pérdida de una chequera conteniendo un cheque al portador por U$S 150.000 con el que se había pagado la coima.