Justicia: el paro no comprende a jueces

| Los cuatro gremios judiciales calificaron de "grave" y de "pre colapso" la situación económica de la Justicia

Los paros que realizarán los funcionarios y los actuarios alterarán el próximo lunes el funcionamiento del Poder Judicial, mientras que los defensores de oficio y los magistrados se reunirán en asamblea esa misma semana, pero no detendrán sus tareas.

Los sindicatos judiciales reclaman que el Parlamento apruebe, antes del 31 de octubre, un proyecto de ley con iniciativa del Poder Ejecutivo, que otorga mejoras a la Justicia. Esta norma fue elaborada por la Suprema Corte de Justicia con el consenso de los sindicatos.

El jueves 16, los cuatro gremios judiciales realizaron un diagnóstico conjunto sobre la situación económica y financiera de dicha institución, la que calificaron de "grave" y de "pre colapso".

Las movilizaciones de los empleados administrativos comenzaron el viernes 17 con paros de dos horas. El lunes, la medida se iniciará a la hora 0 y finalizará 61 horas después, es decir, a las 13 horas del miércoles.

En tanto que los actuarios se reunirán hoy en el departamento de San José, en el "Encuentro Regional del Sur", que nuclea a profesionales que actúan en juzgados de Colonia, San José, Canelones, Florida, Montevideo, Flores y Lavalleja.

Mientras, el lunes, estos profesionales pararán para reunirse en una asamblea prevista para las 12:30 horas, la que fue citada con carácter de grave y urgente. "Tras las asambleas, las medidas que apliquen los gremios serán globales. Todo el Poder Judicial va a parar", dijo a El País el secretario del gremio de actuarios, Lionel de Mello, quien también integra un órgano coordinador de los sindicatos judiciales.

PROPUESTA. Meses atrás, autoridades de la Suprema Corte de Justicia, conjuntamente con los cuatro gremios, elaboraron un proyecto de rendición de Cuentas que contemplaba las necesidades mínimas de la institución.

Ricardo Ramírez, secretario general del sindicato de funcionarios, acusó al Ministerio de Economía de no entregar la totalidad de las partidas que vota el Parlamento para el Poder Judicial. "En el ejercicio 2002 el presupuesto votado fue de $ 911 millones, mientras que al Poder Judicial se le entregó $ 465 millones", explicó.

A juicio de Ramírez, esta decisión determina que el Poder Judicial "pueda estar denegando justicia", ya que la falta de recursos atrasa los trámites.

Esa situación, dijo, surge porque no hay papeles para cedulones, insuficientes funcionarios para atender a los usuarios, escasez de combustibles para distribuir los citatorios, entre otras carencias.

"Además del recorte que hace Economía, en cada período presupuestal se efectúa un abatimiento de un ocho por ciento en los gastos de funcionamiento y de un 29% de inversiones. Las perspectivas en el Poder Judicial serán graves", advirtió.

Después que se "cerró" la Rendición de Cuentas, los distintos actores judiciales elaboraron un proyecto de ley que podría denominarse de "Apoyo al Poder Judicial", el cual cuenta con tres capítulos. Los sindicatos esperan que este proyecto sea aprobado a la brevedad por el Parlamento.

Esta iniciativa, que ya cuenta con una financiación propuesta, consta, en una primera parte, de normas de carácter procesal que procuran mejorar el servicio.

En el segundo capítulo, se proponen órganos de distribución de justicia como, por ejemplo, la instalación de juzgados que dicten sentencias sobre casos de violencia doméstica.

La tercer área del proyecto plantea una mejora en la cobertura de salud para todos los funcionarios judiciales.

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