Parlamento pide más control al Ejecutivo

La Cámara de Representantes fijó un plazo de 30 días al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para que informe sobre los resultados de la solución administrativa para la deuda interna. La mayoría del cuerpo volvió a evitar la aprobación de una ley de refinanciación, lo que alteraría los planes del gobierno.

Como resultado de un debate sobre la deuda interna, a instancias de una moción del Partido Nacional el cuerpo demandó la mayor difusión de las condiciones del convenio vigente desde junio y advirtió que, frente a la reiteración de manifestaciones por el presunto incumplimiento de los bancos de los términos acordados con el gobierno, se radiquen las denuncias ante el Area de Defensa del Consumidor del MEF.

El Encuentro Progresista—Frente Amplio (EP—FA) —la única fuerza política que no apoyó esta salida y continuó exigiendo la vía legal— reiteró que la solución administrativa no es suficiente.

A lo largo de toda la instancia, la escasa presencia de público quitó marco a un debate que en lo previo se esperaba más intrincado, tal como había ocurrido meses atrás. Pero la falta de propuestas concretas de los partidos, aparentemente desmotivó a los ahorristas que no se congregaron en el Parlamento.

La Cámara rechazó, también ayer, que la comisión de Hacienda volviera a discutir sobre una ley. La Lista 15 había advertido que esto causaría un automático cese del cumplimiento de las obligaciones de los deudores que han hecho convenio de pago.

Esa idea fue respaldada por su autor, el diputado blanco Carlos González Alvarez, por el EP—FA, Alianza Nacional, el Nuevo Espacio y el herrerista Nelson Bosch. El frenteamplista José Bayardi pidió que se publicara la lista de los diputados que se opusieron para que "el malón de deudores vaya a golpear donde corresponde".

A través de distintas intervenciones, la Lista 15, el Foro Batllista, el Herrerismo y el Partido Independiente manifestaron su apoyo a mantener la solución por la vía administrativa, sin ley.

LAS REGLAS DE JUEGO. Los argumentos empleados para rechazar la sanción de una ley tuvieron que ver, esencialmente, con la necesidad de dar seguridad jurídica y las posibilidades de obtener crecimiento económico y mayor inversión, al tiempo de evitar que una vía legal cause un automático cese en los pagos de los compromisos en curso.

La Lista 15 subrayó que el número de ejecuciones disminuyó gracias al acuerdo del gobierno con los bancos, del que dijo que es garante el propio Parlamento.