La batalla femenina

A comienzos de julio comenzó en la Cámara de Representantes el debate sobre un proyecto de ley destinado a establecer la cuotificación "para asegurar la presencia de mujeres en las listas de candidatos a cargos electivos", ya sea en elecciones internas de los partidos o en comicios nacionales y departamentales. Según el contenido del proyecto, "todas las listas de candidatos a cualquier instancia electoral, sea nacional, departamental o interna, no debería tener más de dos tercios de integrantes del mismo sexo. En cada secuencia de tres candidatos, sólo podría haber como máximo dos postulantes del mismo sexo", lo cual —en el peor de los casos— aseguraría a las mujeres un tercio de presencia en dichas listas. Se sabe que para la aprobación del proyecto se requerirán 66 votos, es decir dos tercios de la Cámara.

Según declaraciones de alguna legisladora interesada en viabilizar la idea, "el proyecto no supone una lucha entre hombres y mujeres, sino que en cambio apunta a construir la democracia" aunque recurra —como en este caso— a mecanismos compulsivos para obtener una mayor participación de mujeres en el campo parlamentario, lo cual no resulta demasiado afín a la noción de libertad o al pensamiento democrático.

PARA respaldar su posición, esa defensora del proyecto recordó que las mujeres "son el 52 por ciento de la población nacional, el 42 por ciento de la población económicamente activa y el 68 por ciento de la matrícula universitaria" a pesar de lo cual "figuran con un 11 por ciento en la integración de ambas Cámaras legislativas y con el cero por ciento en los cargos de nivel ministerial".

Esas cifras son elocuentes, aunque correspondería agregar que una mayor presencia en el Parlamento —o en cualquier otro ámbito del poder político y la administración pública— también puede alcanzarse a través de la militancia, la aptitud personal, el valor de una trayectoria, la elocuencia, el talento natural o el impulso vocacional, que suelen ser cualidades capaces de llevar a mucha gente (de ambos sexos) a las más altas posiciones de este mundo. A través del siglo XX, las mujeres supieron librar a nivel internacional su batalla por igualar la condición de su sexo a la de los hombres que hasta entonces monopolizaban casi todo ámbito de decisión, de influencia y de mando. Esa batalla tuvo instancias victoriosas (el voto femenino, a lo largo de la primera mitad de ese siglo) y se manifestó masivamente en el ingreso de la mujer al mercado laboral, donde ha llegado a tener un protagonismo indiscutible y una participación creciente.

PERO las batallas forman parte de una guerra y ese combate femenino por la igualdad y la participación plena en los asuntos públicos y privados, no ha concluido a pesar de haber sido librado con decisión y con formidable alcance cultural, social y económico. Al no haber concluido, sus episodios siguen coloreando la vida de los pueblos y en algunos terrenos —el político, sin ir más lejos— se está todavía en medio del camino hacia la plena equiparación, a pesar de que en el mapa mundial existen hoy numerosas mujeres como presidentas, ministras, legisladoras, diplomáticas o concejalas. Quizá por encontrarse en esas etapas graduales es que la presencia femenina en algunos ámbitos, como el legislativo o el ministerial, escasea en este país más de lo que parecería autorizar la intervención de las mujeres en cualquier esfera de actividad o de pensamiento. Pero, como ha sucedido en tantos otros campos (el cine, la plástica, el comercio, la industria) la columna femenina ha seguido robusteciéndose sin cesar, disputando —o compartiendo— cada área con sus colegas y competidores masculinos.

ESA corriente es natural, además de ser ascendente como corresponde a las tendencias derivadas de la gran arremetida femenina. Pero la aprobación de una ley que imponga cierta cuota de presencia de uno u otro sexo resulta en cambio una forma de encorsetar el libre flujo de las cosas para modificarlo por la fuerza, como si se desconfiara de la potencia que puede tener el aluvión femenino sin necesidad de la coacción legal o aún como si se sospechara de una suerte de conspiración masculina (quizás inconscientemente totalitaria) para desplazar a las mujeres de los espacios de responsabilidad y decisión. Las abanderadas del proyecto de ley sobre cuotificación, enarbolan datos preocupantes: "hasta el golpe de Estado de 1973 no hubo más que cuatro bancas ocupadas por mujeres en el Parlamento", a lo cual se agrega que "sólo una mujer llegó hasta la fecha a la Suprema Corte", concluyendo que parece "indigno mantener esta injusticia".

A esa argumentación, empero, cabría añadir otras de similar índole: si las mujeres piden una cuota de presencia obligatoria en toda lista electoral, habría que ver si no corresponde incluir cuotas similares para los negros (uno sólo de los cuales ha llegado a sentarse en una banca parlamentaria hasta hoy, y eso en calidad de suplente momentáneo), para los clérigos, para los judíos, para los jóvenes, para los artistas, para los viejos o para los médicos, considerando que ciertas minorías —tanto étnicas como sexuales— y ciertas categorías profesionales también podrían iluminar el razonamiento legislativo con un enfoque múltiple que aportara los beneficios de una visión totalizadora, facetada y hasta ecuménica. Las mujeres que defienden el proyecto de ley suelen invocar ciertos excesos (nepotismo, clientelismo, amiguismo) cometidos por dirigentes políticos de sexo masculino para ocupar los sillones del Parlamento, pero corren el riesgo de incurrir en desviaciones similares si aspiran a tener una presencia obligatoria desplazando las razones de idoneidad, lucidez, preparación o espíritu de servicio para llegar a esos (y otros) cargos a través de una selección natural.

Todo lo coercitivo parece enemigo del espíritu democrático que ellas mencionan para justificar su proyecto.