ROCHA | EDUARDO GONZaLEZ
El intendente de este departamento, Irineu Riet Correa, firmó ayer una resolución por la que se dispuso el cese de 470 funcionarios, todos ellos con menos de tres años en el municipio, dijo a El País el propio jefe comunal.
"Me siento acorralado y luego de tres años de lucha, no me han dejado otro camino", señaló.
Consultado sobre cuándo se haría efectiva la resolución, visiblemente molesto Riet Correa indicó que sólo "resta la firma del secretario general de la intendencia".
Sobre la posibilidad de que presente renuncia a su cargo, Riet reiteró que "esa palabra no está en mi diccionario". El martes, el dirigente del Pit—Cnt, Jorge Castro, había negado que el sindicato de funcionarios hubiera querido dar "un golpe de estado" como sugirió Riet, y dijo que sería bueno que el fiscal de Corte, Oscar Peri Valdez tomase el asunto de oficio "y luego veremos lo que sucede".
Agregó que "el paro de los municipales proseguirá", y que "las adhesiones siguen en aumento, como así también la respuesta de la ciudadanía que se sensibiliza ante la triste realidad".
Afirmó además que "la renuncia del intendente ahora también es pedida por la central de trabajadores.
En mayo pasado, Riet Correa sorteó un juicio político en el Senado. Había sido acusado por ediles de su departamento —pertenecientes a todas las bancadas—, por no presentar la Rendición de Cuentas el último año.
Riet Correa es el único jefe comunal a quien se le instruyeron cargos de esas características por segunda vez en la Junta Departamental, en 1994 y 2002. El sábado 28, a primera hora de la mañana, la sede central de la intendencia fue desalojada tras una solicitud presentada a las autoridades policiales por el jefe comunal. La sede hacía casi dos semanas que permanecía en poder de un grupo de funcionarios.
Mientras tanto, el sindicato de trabajadores municipales continúa con el paro de actividades por tiempo indeterminado, en demanda del pago de salarios atrasados.
Su presidente, Darío San Martín, señaló que "la adhesión alcanzada supera el noventa por ciento en todo el departamento. En el edificio central del municipio, en donde trabajan por lo menos cuatrocientos funcionarios, no ingresaron más de cincuenta personas".
OTRO DESALOJO. Asimismo, ayer Riet Correa solicitó un segundo desalojo a las autoridades policiales, en esta oportunidad del obrador y de la denominada "carpa del pueblo", que fue instalada sobre la plaza independencia de esta ciudad.
"Si los funcionarios fueran empujados del paseo público, el templo está a la orden", dijo ayer el sacerdote Jorge Godoy.
Por su lado, el jefe de Policía, Alberto Martínez, aseguró que "hasta el momento no hay órdenes de actuar sobre los lugares ocupados por los municipales".