El ministro de Salud, Conrado Bonilla, planteó ayer en el Parlamento que la mutualista Cima tiene su viabilidad seriamente comprometida. Diputados del Foro Batllista, la Lista 15 y el Encuentro Progresista que integran la Comisión de Salud relataron que el secretario de Estado admitió que tiene serias dudas en cuanto a que la institución pueda tener una salida.
Por otro lado, el gremio de trabajadores no médicos de Cima presentó un recurso de amparo ante la justicia en reclamo de que el Ministerio de Salud Pública (MSP) aplique la ley 15.181 y decida la intervención de la mutualista.
Según los datos vertidos por Bonilla, la institución tiene un déficit operativo del 31%, lo que significa que por cada $ 100 que le ingresan, está perdiendo $ 130. La mutualista posee una deuda acumulada de U$S 18 millones, pero además le debe al Banco de Previsión Social (BPS) una cifra que podría llegar a los U$S 5 millones. El ministro remarcó que esta última deuda determina que la empresa tenga embargada su recaudación a través de la ex Disse. Precisamente, 14 mil de sus 26 mil socios se afiliaron a través de la seguridad social. Además, Bonilla, según un legislador presente en la reunión, dijo que en las últimas 48 horas la situación de CIMA se había agravado aún más, debido a que recibió un cuantioso embargo laboral como consecuencia de un juicio de despido.
"Estamos todos haciendo lo posible para que esa institución no cierre y pueda seguir dando la totalidad de sus servicios", dijo el ministro, más tarde a la prensa. En particular, centró sus expectativas en la negociación que se está realizando en el Ministerio de Trabajo entre directivos y trabajadores no médicos.
DENUNCIA PENAL. Ayer, el ministro dijo que una carta que da cuenta de un supuesto acuerdo por el cual 30 médicos de Cima serían absorbidos por el Círculo Católico —que habría sido negociado por ambas directivas, con el aval de dos jerarcas del MSP— es totalmente "apócrifa" y una "infamia". En ese sentido, informó que el directivo que aparece como supuesto autor de la nota —Héctor Garaza— ha presentado una denuncia penal para que se investigue cómo se fraguó el documento y que irá a declarar ante el juzgado penal de 6� turno. Los directivos de CIMA afirmaron que se falsificó la firma de un directivo y que se utilizó un sello que ya está fuera de uso.
"El ministerio hace pocos días consultó a la totalidad de las instituciones del país, (para saber) si estaban dispuestas a recibir afiliados de alguna institución que pudiera cerrarse y por supuesto, también en la misma medida a funcionarios no médicos, pero ahora se quiere involucrar a personal del ministerio con dirigir a los socios a una empresa privada", explicó Bonilla.
"Eso es una canallada, por lo cual, actuamos inmediatamente (...) No se manosea a la gente de esta manera, porque aquí hay gente que está interesada en que CIMA no salga", apuntó. En la carta cuestionada, que data del 27 de junio, el presunto autor dice: "colegas miembros de nuestro Consejo Directivo, realizaron consultas con el Cr. Pesce (Milton, subsecretario del MSP) y el Dr. Risi (Leonardo, director de Servicios de Salud), quienes manifestaron su acuerdo con los términos del borrador primario del Acuerdo".
Ayer, el gremio de funcionarios apostado a las puertas del Anexo del Palacio Legislativo, recordó a través de un altavoz que Bonilla y Risi ejercieron cargos directrices en el Círculo Católico. Los funcionarios no médicos han anunciado una profundización de las medidas y además han recurrido a la justicia para exhortar al MSP a intervenir a la institución. "El ministro dice que va a hacer lo posible para que CIMA no cerrara, pero acá no es hacer lo posible, sino lo que marca la ley", relató el dirigente Jorge Cabrera.
"No nos corresponde decir si esa carta la escribió o no Garaza, sino a la justicia, lo que sí decimos es que los términos de esa carta son gravísimos, porque se menciona a dos jerarcas de Salud Pública", afirmó.
Por otro lado, la Federación Uruguaya de la Salud (FUS) se declaró en conflicto y anunció un nuevo paro parcial para mañana, en reclamo de medidas que eviten cierres de instituciones.