A través de la Cancillería uruguaya, el gobierno de Egipto respondió el lunes a la Suprema Corte de Justicia que acepta las condiciones impuestas por la corporación para extraditar al egipcio Al Said Hassan Mohamed Alí Mokhles por lo que en los próximos días se efectivizará el traslado, dijo a El País el ministro de la corporación Daniel Gutiérrez.

Mokhles es acusado por el gobierno egipcio de haber participado en 1997 en un sangriento atentado en Luxor que le costó la vida a más de 70 turistas, en su mayoría europeos.

El ministro del Interior, Guillermo Stirling, dijo ayer que "se están realizando los trámites administrativos pertinentes para extraditarlo a su país".

Al resolver la extradición del egipcio, la Corte puso como condiciones para entregarlo a su país, que no se le aplique la pena de muerte ni la prisión perpetua y que se le descuente de la pena que eventualmente se le imponga, el arresto administrativo sufrido.

Además propusieron que se respete el principio ‘non bis in idem‘(no ser juzgado dos veces por un mismo delito) acerca de la condena que sufrió en Uruguay por la falsificación de los pasaportes, y que sea sometido exclusivamente a interrogatorio en las causas por las que la extradición fue solicitada.

LARGA ESPERA. Aunque la sentencia de la Corte es del 5 de mayo, el 17 de junio Egipto aún no había respondido a Uruguay si aceptaba las condiciones, y la corporación dictó una nueva resolución por la que determinó que si en 30 días Egipto no respondía, Al Said Hassan sería puesto en libertad.

El egipcio cumple prisión preventiva desde 1999, luego de haber sido detenido en el Chuy, a 300 kilómetros al este de Montevideo, con documentos falsos y junto a su esposa e hijos. Estos últimos fueron liberados y aparentemente retornaron a Foz de Iguazú, Brasil, donde residen.

Según informes desde El Cairo, Ali Mokhles recibió entrenamiento guerrillero en Afganistán donde estaba asentada la red de Al Qaeda, responsable del ataque a las torres gemelas de Nueva York.

Los ministros entendieron que las pruebas aportadas por el gobierno egipcio probaron que integra un movimiento terrorista lo que hace obligatoria la extradición para que sea juzgado en su país.

Como prueba de que es sospechoso el tribunal señaló que en 1993 salió de Egipto y se radicó en Foz de Iguazú, dedicándose a la actividad comercial. Allí permaneció hasta el 13 de enero de 1999: dos días después que el fiscal general de Egipto libra la orden de arresto y conducción en su contra".