Enrique Etchevarren Rosa Aguirre
Luis Bonvin nunca imaginó que a los 56 años iba a ser un jubilado. pero lo es desde que el gremio de Norteña aceptó como última alternativa un convenio para tratar de mantener parte de las fuentes laborales cuando esa planta de cerveza fue cerrada en febrero. Hoy recibe el 80% de su salario hasta que se pueda jubilar, pero admite que le costó algo valioso: "perdí el sentido de ser útil trabajando".
Instalado en su casa de Paysandú, afirma que "no había otra alternativa" ante el hecho consumado del cierre de la planta y se consuela afirmando que "es una solución para que otros compañeros, más jóvenes, mantengan por el momento su fuente de trabajo".
Bonvin es, de algún modo, un protagonista involuntario de un caso de concentración industrial que ha desatado la primera batalla legal sobre un monopolio privado en el Uruguay. El episodio es el primer gran desafío de la ley de defensa de la competencia que se aprobó en el país en el año 2000.
La industria de la cerveza dejó de ser uruguaya en los últimos cinco años, pero actualmente sus empleados y sectores vinculados a su actividad denuncian que son sólo peones del reparto internacional de mercados de grandes compañías extranjeras que se fueron instalando en el país.
Marcas como Norteña, Pilsen, Patricia o Doble Uruguaya están indisolublemente asociadas a la industria local, pero una compleja serie de compras y acuerdos entre grandes empresas cerveceras, trasladó el eje de las decisiones a las casas matrices de Argentina y Brasil.
El cierre de la planta de Norteña en Paysandú fue el primer estallido notorio en el mercado cervecero, pero la mecha se había encendido mucho tiempo antes.
YO COMPRO. La primera de las empresas internacionales que juegan en el mercado local llegó en 1998. Ese año la argentina Quilmes compró parte del paquete accionario de la compañía Salus, fabricante de "Patricia".
Dos años después, en el 2000, otro jugador internacional entraba en escena, esta vez, desde Brasil. De la fusión de las empresas Brahma y Antártica nació uno de los emporios mundiales de bebidas refrescantes y cervezas. Ese mismo año, AmBev (el gigantesco resultado de la fusión), compró el resto del paquete accionario de Salus, junto a la francesa Danone. AmBev se quedó con la producción de cerveza y Danone con el agua mineral.
En una operación paralela AmBev adquirió la Cervecería y Maltería Paysandú (Cympay) que producía otras dos marcas nacionales: Norteña y Prinz. Con esa compra, la empresa brasileña pasó a controlar el 48 por ciento del mercado cervecero uruguayo.
La argentina Quilmes, por su parte, tenía el control de Fábricas Nacionales de Cerveza (FNC), de cuya planta industrial en Montevideo, salían las marcas Pilsen y Doble Uruguaya.
A partir de ese momento, las dos grandes compañías comenzaron a desarrollar una fuerte competencia con nuevos productos y opciones para los consumidores. Pero una nueva operación internacional haría que todo cambiara dos años después.
En mayo del año 2002, AmBev y Quimsa (la dueña de Quilmes) llegaron a un acuerdo estratégico global que cambiaría dramáticamente el rumbo de los hechos en Uruguay. La alianza incluía la compra por la empresa brasileña del 37,5 por ciento de las acciones de Quimsa para lo cual pagó 346 millones de dólares y cedió a los argentinos todas las plantas de Ambev en la región, incluidos todos los activos en Uruguay.
La cesión haría que Quimsa (que ya poseía FNC-Pilsen), pasara a controlar la planta de Norteña en Paysandú y el sector cervecero de Salus.
La anunciada alianza se concretó en enero de este año y las consecuencias de la fusión no demoraron en llegar
El 10 de febrero de este año la brasileña AmBev comunicó al sindicato de Norteña la decisión de cerrar la planta de Paysandú, anunciando que trasladaría la producción al establecimiento de Salus en Minas. Jorge Rocha, el gerente brasileño a cargo de la operación, afirmó que el motivo era la merma en el consumo nacional de cerveza que, según alegó, había descendido de 25 a 15 litros por persona al año.
La decisión llevó a una movilización masiva del sindicato sanducero y, luego de largas tratativas, derivó en el convenio que mantiene a 32 trabajadores en la misma prejubilación que Bonvin. Otros 12 se retiraron voluntariamente, 30 fueron trasladados a la maltería (que continuará funcionando según la empresa) y 8 harán una cooperativa de servicios. El convenio rige por un año.
El acuerdo de Paysandú no alejó la incertidumbre sobre el futuro del sector cervecero uruguayo e incluso sus protagonistas temen que el porvenir sea aún más difícil.
TEMORES. "Si no se toman medidas rápidamente y se legisla para proteger a la industrial nacional, el proyecto final de AmBev es que en Uruguay no se fabrique más cerveza", dice José Oxley, dirigente del sindicato de Norteña.
Sostiene que las plantas con que cuenta la empresa en Argentina y Brasil son suficientes para abastecer a todo el Mercosur.
"Nosotros vemos más allá y hasta el momento los hechos nos han dado la razón. Hoy Norteña está cerrada y en Minas los empleados están en seguro de paro por dos meses", agregó.
El País consultó a uno de los máximos funcionarios a cargo de las operaciones de las empresas cerveceras en Uruguay, Héctor Ordoqui, sobre los planes futuros de las firmas, pero el ejecutivo prefirió no hacer declaraciones. Asesores de la empresa dijeron a El País que la política es no hablar mientras se desarrolla la investigación en curso en el Ministerio de Economía sobre el monopolio.
BATALLA LEGAL. Si en Paysandú se registró la primera escaramuza de la "batalla de la cerveza", fue en Montevideo donde estalló la batalla legal sobre el monopolio, impulsada por otro de los sectores del mercado: los empresarios del transporte de bebidas que sostienen que serán los próximos perjudicados por la falta de competencia en el mercado.
La Federación del Transporte de Bebidas decidió intervenir en la investigación que realiza la Dirección Nacional de Comercio del Ministerio de Economía. El área de Defensa de la Competencia de esa dirección debe decidir si la concentración de las cerveceras vulnera la ley de defensa de la competencia aprobada en el año 2000.
El procedimiento fue promovido por el Ministro de Industria y Energía, Pedro Bordaberry y, aunque en un principio la dirección no admitió que los transportistas intervinieran, los asesores legales del gremio lograron que se los tuviera como parte del litigio.
Gonzalo Ramírez, el abogado de los transportistas, sostiene que no existen dudas de que la libre competencia que procura la legislación uruguaya está gravemente afectada por el monopolio de hecho de las cerveceras.
"No hay duda que los acuerdos distorsionaron la competencia. Antes había tres marcas de cerveza que competían fuertemente en un mercado que se disputaron hasta diciembre del año pasado. Hoy no hay competencia, hasta tienen la misma agencia de publicidad. Que no compiten lo confiesan ellos mismos", afirma.
Ramírez sostiene que el sólo hecho de los acuerdos estratégicos realizados entre Quilmes y AmBev vulnera la legislación uruguaya sobre competencia y explica que un caso diferente sería si la concentración se hubiera producido por motivos no intencionales.
"Si AmBev hubiera decidido retirarse del mercado uruguayo por considerar que pierde dinero en Uruguay y Pilsen se hubiera quedado con todo el mercado, en ese caso no habría vulnerado ninguna ley ya que se distorsionaba la competencia, pero como consecuencia de un hecho independiente de la voluntad de la empresa que se quedara con el mercado".
Sostiene que es equivocada la interpretación de la Dirección de Comercio de que deben probarse los actos abusivos y que no basta con el acuerdo estratégico que determina una posición dominante en el mercado: "nosotros decimos que el acto prohibido es el mismo acuerdo por el cual se distorsiona intencionalmente el mercado".
Ramírez sostiene que existen antecedentes que muestran cómo la concentración de marcas ha perjudicado los intereses del sector de transporte de bebidas. "Cuando se fusionaron Pilsen y Pepsi, perdimos en dos años 35 de los 40 distribuidores de Montevideo".
Agrega que actualmente, los distribuidores de Norteña están recibiendo comunicaciones que dan por terminados sus contratos, y prevé que lo mismo pasará a partir de octubre del año que viene con los de Patricia. "Para nosotros es casi un hecho que a partir de ese momento todas las marcas de cerveza se van a distribuir en un mismo camión".
DUDAS EN MINAS. En la ciudad de Minas el panorama también es de incertidumbre entre los trabajadores de la planta de cerveza Patricia en Salus.
"Esto apunta a un cierre", dice José Luis Beracochea, presidente del Centro de Obreros y empleados de Salus, quien está seguro que "Salus está corriendo el mismo camino de Norteña, cuando estamos en vísperas de la finalización de un convenio de estabilidad laboral el 31 de julio".
"La empresa asegura hasta el 31 de marzo del 2004 esa estabilidad, pero sin convenio. Dicen que después del 31 de marzo se va a conversar, pero ¿de qué?".
Beracochea se queja de que el precio de la cerveza Patricia "ha aumentado en todos sus formatos", mientras que "Pilsen se mantuvo igual y Norteña bajó. Nos dicen que Patricia es una cerveza de calidad para ciertos sectores, pero entonces el mercado de Salus no va a crecer, esto va en contra nuestra".
Los directivos de Coes recordaron que "salieron a alertar a los políticos y a la gente de los cierres de las plantas de bebida. Se produjo el de Norteña. Ahora creemos que nos va a tocar a nosotros y es muy probable que, en el transcurso del tiempo, si cae el doble Imesi (a la importación), también caiga Pilsen".
"Si el gobierno no trata de proteger la producción, van a llegar al extremo de traer cerveza de afuera y nos van a ‘matar’ a todos. La pregunta siempre será si este tipo de inversiones es la que nos va a salvar a los uruguayos".
Un papel al costado de la mesa
La situación de los empresarios de transporte que distribuyen la producción de cerveza y que promueven los procedimientos de denuncia del monopolio, es delicada.
Si bien las empresas sostienen que no "venden" las zonas de distribución, los dueños de los transportes suelen pagar fuertes sumas de dinero para acceder a ellas. Cuando se les rescinde el contrato, sin embargo, afirman que no reciben ninguna compensación.
Marino Alonzo, es un empresario transportista que dice que está dispuesto a agotar las herramientas legales para evitar que la concentración del mercado lo siga arruinando. Alonzo dijo a El País que comenzó a trabajar en 1978 y que desde 1986 ingresó al negocio de la cerveza transportando para Pilsen.
Relata que cuando Fábricas Nacionales de Cerveza (FNC) pasó a ser controlada por Pilsen "los directores me llamaron a una reunión, elogiaron durante una hora el nivel de venta que había logrado en la zona. Casi al final, tomaron un papel que estaba a un costado en la mesa y me pidieron que firmara. Era la recisión del contrato. Casi sufro un ataque", recuerda.
Para seguir manteniendo su empresa, Alonzo compró la distribución de Norteña en 180 mil dólares pagaderos en tres cuotas, y firmó contrato por 30 meses. La zona que compró abarcaba toda la costa desde Carrasco hasta Empalme Olmos. "Compré para hacer cosas, para trabajar porque me parecía que si me faltaba Pilsen me faltaba la vida. Y más allá de que a mi me parecía que era mejor trabajar en Pilsen, y a Norteña la miraba por arriba del hombro, me di cuenta que no era tan malo", explica Alonzo. El contrato de Alonzo con Norteña vencía el 30 de mayo.
El 27 de mayo Norteña le rescindió el contrato.
Una ley que asegure la competencia
Yo creo que lo mejor que puede hacer el Poder Ejecutivo en el tema de la cerveza, es respetar el fallo de la Dirección de Comercio que es el órgano designado a esos efectos.
Además, hay un proyecto de ley en el Parlamento donde hemos opinado que en Uruguay debería haber una ley que asegure el ingreso a la competencia en todas las áreas, en la privada y en la pública.
Yo no estoy de acuerdo con el control previo de la inversión, porque creo que ese control se convierte en un obstáculo para el ingreso de inversión al país.
En el caso de la cerveza, a mi me preocupa que los inversores tengan un proyecto exportador porque si apostamos solamente al mercado uruguayo donde ha bajado el consumo, se pueden seguir cerrando plantas. Pero si tenemos un proyecto exportador va a haber trabajo.
El hecho de que hayan presentado una inversión de 4 millones y medio de dólares en la planta de malta de Paysandú, creo que es una buena noticia porque quiere decir que van a apostar a ampliar una actividad que es la de la maltería.
Pedro Bordaberry, Ministro de Industria y Energía
Colaboraron en la producción: Sandra Kanovich, corresponsal en Paysandú y Edgard Martínez Lucero, corresponsal en Lavalleja.