Violencia doméstica: revisan múltiples casos fraguados

La denuncia que un grupo de padres formuló por los "atropellos" en causas judiciales en las que actuaron una psicóloga y varias Organizaciones No Gubernamentales (ONG) que indujeron a menores a denunciar presuntos abusos sexuales para que los jueces los separen de su padre o madre según el caso, comenzó a dar sus primeros pasos. Mientras que la justicia penal investiga a la psicóloga particular que actuó en los casos, el Ministerio del Interior resolvió sumariar y separar del cargo a la directora del Centro de Asistencia a las Víctimas de Violencia Familiar, Gabriela Fulco. Por el momento, sólo quedaron afuera del asunto los jueces de Familia que actuaron ya que la Suprema Corte de Justicia (SCJ) archivó la investigación que había iniciado.

Fuentes de la corporación dijeron que la investigación concluyó que existía un vínculo entre la psicóloga y la jueza Ana Lima, cuyos fallos eran "harto discutibles". No obstante, en virtud de que Lima ya no es funcionaria del Poder Judicial —renunció al ser trasladada a laboral, y que la psicóloga tampoco lo es, no hay más nada que investigar, se explicó.

Por su parte, el ministro del Interior, Guillermo Stirling, dijo ayer que Fulco es objeto de un sumario por parte de la Dirección Nacional de Prevención del Delito, para determinar eventuales irregularidades.

A su vez, la jueza Gabriela Merialdo, que sustituyó a Lima, reactivó la investigación presumarial que estaba en la sede contra la misma psicóloga. Además se sumó otra denuncia contra las ONG Somos y Arco Iris, a cargo de la jueza Aída Vera Barreto.

Ayer, la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes resolvió enviar las denuncias y materiales presentados por el grupo de padres, al Ministerio del Interior, a la Asociación Uruguaya de Psicología y a la SCJ. La decisión fue tomada por diputados de todos los partidos luego de escuchar los planteos de Martín Otero, María José Amengual, Hugo Orbiz, Paula Poggio, Jorge Dosil y Víctor Martínez.

El diputado frentista Edgar Bellomo, dijo que "las medidas cautelares que toma el Poder Judicial en ocasiones son muy prolongadas en el tiempo, por lo cual en algunos casos hace años que no ven a sus hijos".

DENUNCIA. El grupo de padres, que lleva años deambulando por los estrados judiciales, muchos de ellos sin recuperar a sus hijos, expusieron a los diputados la presunta maniobra. Sus ex cónyuges los han denunciado de abusar sexualmente de sus hijos o de los hijos de su pareja. En todos los casos la denuncia fue presentada con una evaluación psicológica realizada por la misma profesional y en otros casos por las ONG asegurando que el comportamiento de los menores delata una situación de abuso.

Por esos informes, y a pesar que pericias realizadas en el Instituto Técnico Forense no han confirmado los abusos, distintos jueces de Familia han tomado medidas cautelares quitándole la tenencia a la madre, o prohibiéndole las visitas al padre. En otros casos los denunciados terminaron procesados con prisión.

Los padres solicitaron a la comisión que se fije un procedimiento único en estos casos, y señalaron que estas prácticas se evitarían con una mayor coordinación y marcando un procedimiento único y reconocido que involucre un equipo multidisciplinario que ante una denuncia de este tipo, pueda otorgarle elementos de mayor convicción al juez, y reducir las medidas cautelares con las dramáticas consecuencias para los niños, a un mínimo de días.

Martín Otero fue procesado por atentado violento al pudor por la entonces jueza de 17 turno, Ana Lima 15 días después de que el ex esposo de su pareja presentara una denuncia acusándolo de abusar de sus hijos de 6 y 8 años, presentando como prueba el informe de la psicóloga pago por el mismo. Estuvo preso seis meses, a pesar de que otras pericias descartaron el abuso. A partir de la denuncia su esposa sólo pudo ver a sus hijos en la División de Asistencia Social (DAS) del Poder Judicial. La jueza Gabriela Merialdo lo absolvió el 21 de abril.

Hugo Orbiz también fue denunciado por el padre del hijo de su esposa, Paula Poggio por abusar sexualmente del niño. Poggio no ve a su hijo desde hace dos años y ha pasado por innumerables instancias judiciales. La denuncia fue realizada por la misma psicóloga, ante la justicia penal y de Menores. En penal no prosperó, pero en familia la denuncia sirvió para que el juez resolviera separar al niño de la madre. La directora del Centro de Asistencia a las Víctimas de Violencia Familiar elaboró cuatro informes que envió al juez en los que se aseguraba que había síntomas de abuso.

Víctor Martínez también fue denunciado por la madre de su hijo de abusar de su hijo y sobrina, de 5 años y 3 años. La justicia penal archivó las actuaciones pero pasó a la justicia de Familia donde el abogado de la madre del niño sugirió una pericia psicológica. La misma psicóloga dictaminó "abuso emocional severo que no excluye la posibilidad de abuso sexual". En el 2001 la jueza suspendió las visitas y prohibió al padre acercarse al local escolar donde concurría a menudo para ver a su hijo.

Otra jueza de familia suspendió las visitas que Jorge Dosil mantenía con su hijo luego de recibir un informe elaborado en el Centro de Asistencia a las Víctimas de la Violencia Familiar. Varias pericias realizadas en el ITF no comprobaron el abuso. La jueza decretó visitas que la madre incumplió y el padre terminó interponiendo un juicio de tenencia al que se presentaron las responsables de dos ONG a declarar en su contra. Actualmente las visitas se restablecieron.