El peso de la noria

No me siento motivado a escribir sobre ciertos asuntos ubicados en el pasado. Sin embargo las propuestas de retoques a la Ley de Caducidad y de otorgamiento de indemnizaciones se han instalado en nuestro medio de un modo que empuja a referirse a ello... aunque de mala gana.

La realidad es que hay una parte de esta sociedad oriental que no puede dejar atrás un pasado que es suyo y de todos pero que para ellos tiene una carga particular de afrenta y de dolor irreparable. Hay otra porción de esta sociedad que no quiere dejar atrás el pasado traumático porque se ha propuesto seguir changando con él, politizando el dolor de aquellos otros y el mal recuerdo de todos, a la espera de rédito para su carrera o su causa.

Sería abominable confundir a unos y otros (los respetables con los mercaderes), pero lo que es común a ambos es que en ninguno de los dos casos la ley —cualquier ley— es instrumento apto o medio idóneo para impedir que sigan habitando en el pasado. Una ley tiene efectos jurídicos o jurisdiccionales, pero no tiene, no puede tener, efectos ni sobre las historias, ni sobre las conciencias, ni tampoco sobre los proyectos de los mercaderes. Lograr que prevalezca el recuerdo aleccionador, fuente de experiencia y sabiduría, sobre el recuerdo insoportable, fijador en el pasado, obturador de todo futuro es una tarea política, social, (cristiana o religiosa para quienes profesamos esos valores) y siempre cultural: no es tarea legislativa ni puede alcanzarse mediante el imperio de la ley. Este es el acápite bajo el cual ha de leerse lo que sigue.

La idea de indemnización que se está manejando es inconveniente. No contribuye a terminar con el asunto y equipara lo inequiparable. Sólo cabría imaginar la posibilidad de indemnización por parte del estado en los casos de aquellos a quienes el propio Estado ultrajó en dependencias del Estado y a manos de personal del Estado. Si a los servidores del estado muertos en servicio se les quisiera dar un reconocimiento sería otro concepto totalmente distinto: nadie se opondría. Tampoco debería hacerse diferencia con el guardiacivil baleado por el Cotorra Loca. No se puede aceptar la confusión inevitable que se da al plantear al unísono dos cosas tan diferentes. Pero, en ningún caso, es conveniente mezclar lo pecuniario en esto.

La Ley de Caducidad no se debería tocar. Es a todas luces obvio que se trata de una ley forzada para resolver una situación protagonizada por los militares, que sólo refiere a ellos como dice literalmente su texto. Me resulta igualmente claro que en la intención de sus autores —entre quienes no me cuento pero en cuyo trámite estuve muy presente— figuraba no incluir a gente como el Dr. Juan C. Blanco, llamados los civiles del régimen. Pero eso fue ayer y hoy es hoy. El haber sabido dejar atrás el pasado es lo que permite que el guerrillero se siente en el Senado de la República (derrota de la guerrilla y triunfo de la democracia que se celebran silenciosamente en cada sesión).

El Uruguay tiene una desastrosa relación con su pasado (o una escasa y difícil relación con el concepto —o el proyecto— de un futuro). Esto se ve tanto en la desesperación con que actualmente se defiende un welfare state que dejó de tener sustento hace cincuenta años, como en estos casos que se nos han venido encima desde un ayer que hace veinte años dejó de tener sustento objetivo. También es otro rasgo de la patología nacional la superstición legiferante. De golpe y de nuevo hemos caído en las dos trampas. No debemos seguir remendando (o enmendando) el pasado y menos mediante más leyes.