Impasse en indagatoria a policías

TACUAREMBO |

FREDDY FERNANDEZ

La licencia médica de diez días concedida al juez Carlos Aguirre retrasó la investigación que el magistrado lleva adelante, buscando determinar responsabilidades por el marco del manejo irregular de mercaderías requisadas, que eran vendidas o cedidas por funcionarios policiales, contando con la complicidad o connivencia de sus superiores.

El estrés provocado por largas audiencias e intensos interrogatorios, que se prolongaron durante varias semanas, llevaron a que los médicos que atendieron a Aguirre el jueves pasado consideraran oportuno alejarlo de su labor durante diez días.

El magistrado citó a cuatro policías, que conforman el personal subalterno de Seccional 14ta., donde quedó en evidencia una aduana paralela, que es lo que ahora otro magistrado debe indagar, ya que el juez actuante, por razones particulares, se excusó de hacerlo en ese tramo exclusivo de la indagatoria.

El País pudo establecer que los uniformados deben presentarse ante el juez el 22 de abril, y no se descarta que después de esa audiencia el magistrado confíe a la DNII nuevas acciones.

PENDIENTES. La indagatoria que se remonta al mes de diciembre, cuando un desorden provocado por presos alcoholizados promovido en el galpón de "La Gran Villa" a escasos metros de la casa que ocupa el jefe Juan Angel Romero, se convirtió en la punta de un iceberg, cuya verdadera dimensión resulta temerario vaticinar.

Para avanzar en esa "asignatura pendiente" es clave la designación de otro juez, que será quien deba convocar a los magistrados anteriores a efectos de que estos establezcan cuál era su rol, frente a la requisa de mercaderías y sobre todo, con relación al manejo posterior de los bienes confiscados.

Será competencia del magistrado, determinar la magnitud de las maniobras desplegadas, en lo que fue calificado a nivel de Inteligencia como una "Aduana Paralela".

Por su parte el ministro del Interior, Guillermo Stirling dijo ayer en Maldonado que los veintitrés funcionarios policiales separados del cargo en el departamento de Tacuarembó "son muchos", pero además "de la pena" que provoca la situación "se transmite un mensaje de transparencia que busca la gente en el país, en todas las áreas y en ésta, más delicada, como es la policial".

Stirling destacó que "no hay que perder de vista que el ciudadano común y corriente debe ver en un policía a alguien que defiende sus bienes, sus valores materiales y sus derechos humanos y entonces no puede ser la actitud del policía la de cualquier otro". Destacó que esto se inició a instancias de la denuncia que un comisario presentó ante el jefe de Policía.