Incierto futuro para el presidente boliviano

La Paz | ANSA. El futuro de Gonzalo Sánchez de Lozada como presidente de Bolivia se veía hoy incierto ante la falta de autoridad y decisión que le atribuyó la oposición al aplicar medidas económicas de ajuste y retroceder poco después, ante la grave crisis social desatada en el país. No obstante, voceros del gobierno anunciaron que el mandatario, en el cargo desde hace seis meses, no renunciará.

Analistas económicos y políticos opinaron que el modelo económico neoliberal mostró una vez más su "fracaso al pedir el sacrificio de la población".

Sánchez de Lozada dio marcha atrás en la aplicación de dos medidas económicas, la última un impuesto al salario del 12,5 por ciento ante el rechazo generalizado de la población, que fue detonante de la convulsión social.

El ministro de Salud, Javier Tórrez Goytia aseguró hoy que el presidente no renunciará porque tiene previsto cumplir con los cinco años de su mandato hasta el 6 de agosto de 2007, "ni un día más ni un día menos".

Pero el analista político Jorge Lazarte puso en duda ese pronóstico: "luego del retroceso, no sé si el gobierno está en condiciones de aprender de lo ocurrido. Ojalá haya tiempo porque está en juego la estabilidad democrática".

Con el impuesto al salario -ahora anulado-, el presidente pretendía bajar el déficit fiscal del 8,6 por ciento registrado en 2002 al 5 por ciento para el ejercicio en curso, en virtud del compromiso asumido ante el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Aunque todos los sectores rechazaron el "impuestazo", fue la policía la que inició la revuelta con un motín en todo el país que duraba aún hoy y que culminó con unos 23 muertos entre policías, militares y civiles en violentos choques el miércoles y jueves entre la Policía y el Ejército.

La medida de protesta de la policía tuvo como consecuencia directa que el jefe de Estado anulara el proyecto de impuesto antes de que avanzara en su sanción, que debía ser todavía analizado y aprobado por el Congreso nacional para su aplicación a partir de marzo.

La debacle generada por ese intento frustrado tras el estallido social fue el último de una larga serie de marchas y contramarchas, que comenzó a mediados de octubre del año pasado cuando el gobierno y el Banco Central de Bolivia (BCB) anunciaron la "bolivianización del boliviano", la moneda local.

Esa política disponía una banda cambiaria de seis centavos con respecto al dólar para que la población se acostumbrara a manejar la moneda local.

Sin embargo todos los sectores sociales y económicos manifestaron su protesta porque la mayoría de la población guarda sus ahorros en dólares, negocia con esa moneda y también obtiene préstamos bancario en divisa norteamericana.

A los dos días Sánchez de Lozada informó que la medida se dejaba sin efecto y volvía el tipo cambiario en que la banda cambiara no sobrepasa de dos puntos. Aquella decisión, según analistas locales, fue un signo de debilidad que condicionó el futuro de la gestión de Sánchez de Lozada.

Lazarte sostuvo que el gobierno tomó el camino equivocado al tratar de usar la mayoría parlamentaria que tiene el Congreso -85 de 152 escaños- para hacer uso de su autoridad.

Para el analista, el presidente "tiene una lectura ligera, no interpretó el mensaje de las elecciones. Hace días el gobierno vivió el conflicto cocalero y ahora arde el volcán", interpretó respecto del bloqueo de los cocaleros la segunda quincena de enero, en reclamo de una pausa en la erradicación de plantaciones de coca en la región del Chapare.

"Lo que ocurrió no es más que la muestra del fracaso de la política neoliberal de los último 17 años. Durante cuatro gestiones los gobiernos pidieron a la población sacrificio para mejorar la situación económica del país, pero ésta no llegó", terció el analista económico Carlos Villegas.

En tanto que su colega Jimena Acosta recomendó a Sánchez de Lozada concertar las políticas económicas con todos los sectores para retomar el mando de Bolivia.

El jefe de Estado fue acusado en su primer gobierno (1993-1997) de "vendepatria" por la privatización de varias empresas estatales, de las cuales la mayoría no fueron administradas adecuadamente -según la opinión mayoritaria de los bolivianos- por las trasnacionales que se hicieron cargo de ellas.