Vivienda, ideología e ignorancia

A medida que se va cayendo cada uno de los relatos escandalosos y falaces en los que el Frente Amplio ha centrado su estrategia política, aparecen nuevos focos de discusión. No hay menos que reconocer la inventiva y resiliencia de las “mentes” que diseñan la estrategia frentista, ya que sin importar lo duro que sea el desmentido que la realidad aplica a sus relatos apocalípticos, a los pocos días aparecen con algo nuevo.

Por ejemplo, estuvieron meses azuzando el “desastre” en el puerto de Montevideo. Pues Montevideo bate récords de flujo comercial. Luego estuvieron meses con que el déficit era un escándalo, Uruguay cierra el año con déficit cayendo y festejo de las agencias calificadoras. Estuvieron meses con que la economía se planchó, y Uruguay cerró el 2023 creando 40 mil puestos de trabajo nuevos. Y así podríamos seguir y seguir. Al punto que los dirigentes del FA han pretendido usar el tema seguridad como arma electoral porque “apenas” se ha logrado bajar los datos de rapiñas, hurtos y abigeato, y frenar el crecimiento de homicidios. ¿Alguien se acuerda cuál era la trayectoria estadística de estos delitos en tiempos que gobernaban los que ahora posan de expertos? Si, claro. No paraban de subir.

Pero, como decíamos, la creatividad de la dirigencia opositora no tiene freno. Y esta semana hemos descubierto un nuevo enemigo: la especulación inmobiliaria.

El tema apareció en agenda por una noticia de prensa que señalaba que un 83% de los apartamentos construidos bajo el régimen de vivienda promovida fueron desarrollados con fin de inversión y no para habitarlo quien puso el dinero. Una noticia absolutamente baladí, pero que fue retomada por varios dirigentes opositores como si fuera la prueba del nueve de una pérfida conspiración neoliberal-judeo-masónica.

Tal vez la expresión más contundente del nivel de necedad ideológica e ignorancia de las reglas básicas de economía, la haya tenido la diputada del MPP Lucía Etcheverry, que sostuvo que “Convirtieron una política socio-habitacional (vía renuncia fiscal) en instrumento para la especulación inmobiliaria. La evidencia indicaba que la ley requería modificaciones, pero en el sentido contrario a las realizadas por este gobierno. Todo al revés. Hay que cambiarla”.

Para empezar, quienes crearon la ley de vivienda promovida fueron los gobiernos del FA. Y lo único que hizo este gobierno fue hacer pequeñas modificaciones que fomentaron que la misma retomara un impulso que se había frenado. Como consecuencia, la oferta de estas viviendas aumentó un 70%. ¡70%!

Esto es muy positivo ya que significa más obras en marcha, y más trabajadores de la construcción, y todas las ramas conexas (desde escribanos hasta barracas), funcionando y generando riqueza genuina.

Pero también está la otra “pata”. Esa vivienda nueva, más allá de quien sea el dueño, se vuelca al mercado. Esto ha permitido que el precio de los alquileres baje hasta un 12% en los últimos 3 años. Y también es un contrapeso enorme al precio de la vivienda en general, al haber tanta más oferta. Si el precio de la vivienda no bajó, hay que imaginarse cuánto hubiera subido si no se hubiera volcado al mercado toda esta cantidad de nuevas construcciones.

Yendo al costado de la microeconomía, llevamos varios años de récord de gente trabajando en la construcción, más de 55 mil personas. Esa es gente que gana un jornal, que gasta, que ahorra, que puede planificar un futuro mejor. Producto genuino (y habitual) de un capitalismo sano, donde el mercado distribuye los recursos donde más se necesitan.

Pero a la dirigencia del FA eso le parece una terrible especulación, y preferirían que fuera el estado el único que invirtiera en vivienda. ¿Cuál es la diferencia?

En que mientras que el inversor privado suele tener un margen de ganancia razonable, producto de la competencia, cuando invierte el Estado, quien toma las decisiones es un jerarca político o burocrático, que nunca pagará con su bolsillo los errores que cometa al asignar recursos. Por ello es que en casi todo el mundo los sistemas de planificación estatal de vivienda han terminado siempre por ser un agujero negro financiero. Desde el BHU a Freddie y Fannie en Estados Unidos, estos esquemas Ponzi inmobiliarios han generado decenas de crisis financieras y costos ridículos para los países.

¿Por qué pese a ser tan clara la cosa, los dirigentes del FA insisten con esto? Dos motivos: ignorancia y necedad ideológica. A lo que hay que sumar un tercero, la ambición de contar con platita ajena para hacer demagogia.