La víctima, la razón y el fascismo

En los últimos días, y a consecuencia de la denuncia por agresión de una mujer trans contra el candidato Yamandú Orsi, ha quedado en evidencia lo absurdo de una de las verdades absolutas que se han querido imponer en la opinión pública y en la ley en los últimos años. Esa que sostiene que cuando una mujer (definición en torno de la cual hay un debate que ameritaría un editorial completo) denuncia algo, siempre hay que creer en su palabra.

Tal vez la figura que ha personificado esta polémica, y la caricatura que esta afirmación genera en los políticos, es el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira. Las redes se han saturado de videos, y chistes que se ríen de la forma en que Pereira busca manipular el idioma y los conceptos, para justificar que lo que viene repitiendo como loro mecánico desde hace años, eso de que la palabra de la mujer siempre debe ser creída, ahora en el caso de Orsi, o la diputada Casás, no sería tan así.

No vale la pena detenerse mucho en las contradicciones de Pereira, ya que cualquiera que conozca su trayectoria y pedigrí ideológico, sabe que la honestidad intelectual, los valores democráticos y la preocupación por los equilibrios de la ley, siempre quedan en segundo plano detrás de sus ambiciones políticas y sus resentimientos ideológicos.

Pero es que todo ese tema de la perspectiva de género en la aplicación de la ley, la definición de que hay que creer siempre a quien denuncia, y que incluso se obligue a calificar de víctima a alguien por un delito que todavía no ha sido probado, es una muestra de fascismo, y de regresión en materia de técnica legal, con pocos precedentes en la historia occidental.

Al parecer, según los grupos fanáticos que han impulsado estos cambios conceptuales, aspectos centrales para el sistema penal como la presunción de inocencia, el debido proceso, o el derecho a una defensa, son anacronismos que hay que derrumbar por ser manifestaciones de una sociedad “patriarcal”.

Sin embargo, es todo lo contrario. Estos conceptos son el producto de siglos de evolución de las instituciones jurídicas, son la principal garantía para la defensa de las minorías, y de quienes tienen estilos de vida e ideas que chocan con la moda que excita a la turba del momento.

Increíblemente, mientras las señoritas exaltadas gritan al filo de la histeria en cada marcha del 8 de Marzo que son las herederas de “las brujas que no quemaron”, el esquema legal que sus ideólogos han impuesto en Uruguay implica en los hechos un regreso patético a las formas judiciales que se daban en tiempos de la Inquisición.

Resulta que ahora alcanza con que cualquiera nos denuncie en un estrado, para que seamos culpables por defecto, y es el acusado quien debe probar su inocencia ante un tribunal de la opinión pública tan sediento de sangre como quienes asistían a las piras inquisitorias.

El caso de Orsi es paradigmático, porque se trata de un dirigente del Frente Amplio, bajo cuyos colores militan la mayoría de quienes han perpetrado este crimen contra los conceptos básicos de la ley en Occidente. Y quienes hoy pagan el precio de su obsecuencia ante ideas que terminan volviéndose contra sus creadores.

Pero todos pagamos el costo de esta regresión. Alcanza ver el caso de los pobres chicos de Artigas, que debieron padecer cárcel y humillación por una supuesta violación colectiva que la Justicia, años después, reconoció que no había mínima evidencia para acusar. O los cientos de casos de padres separados de sus hijos por denuncias inventadas, sostenidas sobre un proceso kafkiano destinado a dar siempre la razón a una de las partes, por las buenas o por las malas. O que hoy en día la vida humana tenga distinto valor no ya según los órganos reproductivos de quien la pierde, sino según lo que ella se “autopercibe”.

La excusa de que los efectos negativos de este desquicio son la inevitable consecuencia de la oscilación pendular, y el costo que habría que pagar por las décadas de desigualdad en el otro sentido, es una ridiculez sin fundamento. Así las sociedades no avanzan, sino que se mantienen en un loop de represalias y vendettas, que solo benefician a los grupitos de fanáticos que viven del conflicto social.

Cuando comienza una dura campaña electoral, el caso Orsi debería servir para que gente razonable de los dos costados políticos en que se divide el país hoy, asuman el reto de enfrentar este oscurantismo sectario, y modificar la legislación para devolverle al sistema uruguayo el esquema de garantías que nunca debió haber sacrificado.