Hora de definiciones

A la hora de escribir este editorial el presidente de la República Luis Lacalle Pou acaba de llegar de Estados Unidos, donde participó de una cumbre de alto nivel convocada por el presidente Biden, para enfrentar la situación que se desató durante su viaje a partir de la comparecencia al juzgado de la exvicecanciller Carolina Ache. No sabemos, por tanto, qué medidas se han adoptado ni qué aconteció en la comparecencia ante la prensa que el presidente Lacalle Pou anunció a su llegada al país, pero hay algunos asuntos sobre el contexto de la coyuntura que bien vale la pena comentar.

Un primer aspecto es que los titulares internacionales -y algunos nacionales- no reflejan la situación como corresponde. El canciller de la República Francisco Bustillo no renunció por haberle dado un pasaporte a un narcotraficante ni está envuelto en ninguna trama de esa índole. En todo caso, de ser cierto lo que denunció la exvicecanciller Ache, se trataría de un error político importante, respecto a cómo se manejó la información sobre quién era Marset y cuándo cobraron conocimiento de esto las autoridades políticas de los ministerios involucrados. De ninguna forma puede vincularse a las autoridades de la Cancillería ni del Ministerio del Interior al narcotráfico, porque confunde a la opinión pública nacional e internacional y pone en tela de juicio otro tipo de cuestiones muy diferentes a las que en realidad se han conocido.

En segundo lugar, no es cierto que el país esté enfrentando una crisis institucional como han denunciado algunos dirigentes de la oposición y algunos politólogos y analistas militantes.

Nuevamente, debemos ser cuidadosos con las palabras y los términos que se emplean porque de lo contrario se trasmite una idea de la coyuntura mucho peor de la que es, y esto no implica, por cierto minimizar los hechos. Estamos en todo caso ante una crisis política y el presidente de la República la está enfrentando, pero en modo alguno está en cuestión la democracia y el Estado de Derecho en nuestro país. Fogonear con estas cuestiones es profundamente antinacional y antiuruguayo.

En tercer lugar, parece claro que hay ganadores con esta situación y quien ha estado detrás de la estrategia de la exvicecanciller Ache, el exfiscal Díaz es uno de ellos. Notoriamente la exvicecanciller tiene temas que explicar ante la justicia que no han quedado claros y, siguiendo la recomendación de su abogado decidió intentar eludir sus responsabilidades atacando a las demás autoridades del gobierno.

Por cierto que aquí puede señalarse un error por parte del gobierno en cuanto al manejo de la relación entre Ache y Bustillo y como se procesó su salida del gobierno, pero en cualquier caso la trama que hoy estamos viviendo es la pergeñada por un personaje que cuando fue fiscal de Corte tuvo un notorio sesgo frenteamplista, hoy es un connotado militante frenteamplista y su nombre ha comenzado a ser manejado como candidato a algún cargo en la próxima elección.

Por cierto que también puede señalarse un error del gobierno es su lentitud en renovar la Fiscalía de Corte sobre la que notoriamente sigue teniendo una gran influencia Díaz, pero lo relevante en esta circunstancia es que Ache ha seguido un guion pergeñado por una persona que no está cuidando a su cliente sino pensando en términos políticos.

En cuarto lugar, cierta prensa no se ha manejado con el rigor que requieren las presentes circunstancias. No es una hazaña periodística difundir audios cedidos gentilmente por una parte interesada en que se difundan. No es un acto de valentía afirmar que el presidente estuvo en una reunión en que se hablaron determinados temas cuando no fue así de acuerdo a lo declarado por todas las partes.

El verdadero periodismo es el que evalúa la información, no se presta a difundir audios parciales o editados por una de las partes interesadas sin preguntar más y no confirma la información con otras fuentes.

En definitiva, es indudable que pueden señalarse una serie de errores por parte de algunas personas que integran o integraban el gobierno y por parte de quienes han opinado y cubierto la información. Pero lo más relevante es el medrar con una situación desafortunada para intentar sembrar el fantasma de una inestabilidad institucional que no existe, porque Uruguay es un país de elevada conciencia cívica y porque tenemos un presidente de la República que, aunque le pese a tantos, se hace cargo de los problemas del país con seriedad y responsabilidad.