Fiscalía, estrategia y ruindad

El fiscal de Corte, Juan Gómez, atraviesa un serio problema de salud y ha tenido que pedir licencia por tiempo indefinido. Este lamentable insuceso ha vuelto a poner sobre la mesa lo que tal vez sea el problema institucional más serio que tiene el país hace años, y que el sistema político no logra resolver. El tema es por qué, y qué intereses opacos impiden llegar a un acuerdo racional.

Alguien podría decir que el problema comenzó cuando hace dos años, el exfiscal Jorge Díaz dejó intempestivamente su cargo. Alguien, teniendo en cuenta su rol político partidario a favor del Frente Amplio desde que dejó el cargo, y la forma en que diseñó esa fiscalía, podría decir que el problema viene de mucho antes. Pero el asunto es que al marcharse Díaz, dejó una bomba de tiempo en marcha.

Por un lado, una institución dividida, sobrecargada de trabajo, ineficiente, atravesada por criterios partidistas a niveles insólitos, con filtraciones intencionadas permanentes, y donde gente puesta a dedo siguió y sigue operando para beneficiar a su partido político.

Por otro, quedó a cargo un jerarca como Gómez (del riñón de Díaz), que es una persona campechana, trabajadora, dialogante, pero que nunca logró enderezar el barco de la institución. Al punto que no se sentía cómodo dejando el cargo ni por un par de días, para hacerse un tratamiento médico, por miedo al ingreso de un reemplazante. Y que ni siquiera, como él mismo dijo, podía excusarse en casos de administración que afectara a su familia directa que trabaja allí, por lo mismo.

Ahora, lamentablemente, la salud lo ha obligado a dejar el cargo, quedando en forma interina la fiscal Mónica Ferrero, quien se ha ganado un nombre por su lucha a muerte contra el narcotráfico. Esto porque es la fiscal de mayor antigüedad.

El problema hoy es que la incertidumbre sobre la situación de Gómez y su eventual regreso a la función, quien ya de por sí era un fiscal de Corte “subrogante”, vuelve a poner sobre la mesa el enorme problema que representa esta Fiscalía de Corte. Una institución que, tras la reforma de Código del Proceso Penal, tiene un rol vital en el sistema de Justicia del país.

Esta Fiscalía diseñada por Díaz es tan disfuncional que es notorio que haya casos que avanzan a velocidad de vértigo, y otros como el del Antel Arena, el de la fuga del narco Morabito, y tantos más, pasan años sin tener actividad. Casualmente (o sin casual), son los que pueden afectar a figuras políticas del Frente Amplio los que menos se mueven.

A tal punto llega la crisis en Fiscalía, que cada vez que un caso con impacto político termina allí, entre periodistas y operadores, es más comentado el nombre del fiscal que el fondo de la causa.

El problema que enfrenta el país es que desde hace años que se busca consenso para designar a un fiscal de Corte definitivo, para lo cual se requiere los votos de todos los partidos principales. Pero el Frente Amplio se ha negado sistemáticamente a negociar.

No solo eso, sino que ahora, con el problema de salud de Gómez, que muestra que la cosa requiere soluciones de fondo, ese partido se ha abroquelado aún más en defensa del estatus actual.

Al punto que el senador Charles Carrera ha dicho que “es de carroñero comenzar a tirar nombres ante esta situación”, cuestionó. “Uno no sabe si se hace por ruin o es una estrategia para quemar nombres”, agregó. Vale señalar que Carrera es uno de quienes se han beneficiado directamente del estado actual de las cosas. La causa que él mismo denunció sobre corrupción en el puerto de Montevideo estuvo casi dos años en estudio por dos fiscales, cuando no había ningún elemento para ello. Y otra causa, que lo involucra en manejos turbios en el Hospital Policial, marcha, convenientemente para él, a paso de tortuga.

En el fondo hay algo que sí es una muestra de ruindad y “carroñerismo”, y es mantener una situación insostenible en una institución central para la vida institucional del país, porque esta le genera una ventaja a un sector de la política.

Es más, parecería que los dirigentes del Frente Amplio no se dan cuenta (o no les importa) que a quien más perjudican con esta actitud es al propio Gómez. ¿Qué argumento racional existe para negarse a conversar sobre la designación de un fiscal, cuando quien es subrogante en funciones no puede ocupar su puesto? ¿Hay algo que pueda generar más dudas y suspicacias sobre su actuación, que esta defensa a ultranza?

Ni Gómez, ni el sistema político, ni el país en su conjunto, se merecen estar viviendo una situación tan lamentable.