Venezuela sigue dando que hablar.
En la misma semana, trascendieron dos noticias sobre el nefasto régimen que oprime a los venezolanos: una los afecta directamente y la otra echa una sombra inquietante sobre nuestro país.
Mientras la vicepresidenta de esa nación, Delcy Rodríguez, presentaba oficialmente un proyecto de ley destinado a proscribir a la oposición y amordazar a los medios de comunicación, en Uruguay, los senadores del Frente Amplio se negaron a votar una moción de censura contra el régimen de Maduro.
Dos caras de una misma (y penosa) moneda.
La norma que aprobará el parlamento venezolano con mayoría chavista lleva como rimbombante título “Ley contra el fascismo, el neofascismo y expresiones similares”.
No hay que ser un filólogo para advertir que en esas “expresiones similares” entran para Maduro todos los partidos políticos democráticos que bregan por elecciones libres, a las cuales el dictador se había comprometido en el Acuerdo de Barbados que hoy incumple.
La propuesta legisla sobre “medios y mecanismos para preservar la convivencia pacífica, la tranquilidad pública, el ejercicio democrático de la voluntad popular, el reconocimiento de la diversidad, la tolerancia y el respeto recíproco, frente a agresiones de orden fascista”. Por tales Delcy Rodríguez menciona las protestas populares acontecidas en 2014 y 2017, que ella asigna a “sectores extremistas”, a quienes culpa además de un “bloqueo criminal” que explicaría el “genocidio económico y social” de Venezuela. Los partidos de la oposición, según ella, serían los responsables de todos los males, como “desconocer la institucionalidad” y “asaltar el poder político”.
El grado de cinismo es superlativo. El mismo gobierno que proscribe a un candidato tras otro, que hace desaparecer y encarcela a dirigentes y activistas, se atreve a reivindicar nada menos que la institucionalidad, celebrando la “diversidad” y “tolerancia”.
En ese contexto, haber prohibido explícitamente en el proyecto “la difusión de mensajes que hagan apología o promuevan la violencia como método de acción política”, no tiene otro significado que el de legalizar la censura. El texto completo fue publicado por Infobae y vale la pena leerlo, no sin antes respirar hondo o tomarse un calmante, por su semejanza con los “actos institucionales” de nuestra pasada dictadura. La plataforma de noticias concluye su crónica informando que las autoridades venezolanas aseguran “haber desactivado una serie de conspiraciones que tenían como objetivo atentar contra la alta dirigencia del chavismo y generar un ambiente de violencia política de cara a las presidenciales”. De manera insultante y burlona, se refieren así a la inhabilitación de la líder opositora María Corina Machado, al secuestro y prisión de sus colaboradores directos y, para colmo, a la reciente proscripción de su sustituta, Corina Yoris.
En un marco tan claro de asalto a la legalidad, cuando llegó el momento de votar la venia en nuestro Senado a la embajadora designada para Venezuela, la bancada de la coalición propuso y votó una declaración de censura contra su gobierno. Pero las manos de los senadores frenteamplistas no se alzaron.
A la salida, el moderado José Carlos Mahía ensayó una tibia justificación ante la prensa, quejándose de que se le reclame tantas veces al Frente Amplio definirse sobre este asunto. Por su parte, Óscar Andrade zafó con su airada locuacidad habitual, enumerando relatos falaces contra el gobierno uruguayo para saltearse la viga en el ojo propio. Es el capítulo primero de cualquier manual básico de debate: cuando no tienes nada que decir en tu defensa, opta por eludir la respuesta y pasar al ataque.
Tenemos todo el derecho del mundo a preguntarnos una y otra vez: ¿qué pasa con el FA, que sigue convalidando por omisión la tragedia venezolana?
¿Hay compromisos que los obligan a callar o realmente avalan y se identifican con un gobierno de izquierda autoritaria que hambrea y expulsa a su pueblo, al tiempo que persigue, proscribe y tortura a quienes le hacen frente?
Si es lo primero, ojalá llegue el día en que nos enteremos de todo. Tal vez unas cuantas irregularidades no aclaradas durante las administraciones frentistas, se conecten y cobren un nuevo sentido. Tal vez se confirme así que algunos disparates de esa gestión no fueron por mera impericia.
Si es lo segundo, habrá que tenerlo en cuenta a la hora de entrar al cuarto secreto el próximo octubre, ¿no?