Poco a poco se van conociendo las propuestas de los distintos precandidatos a la presidencia que competirán en las internas de junio próximo. En el caso del Frente Amplio (FA) todos sus postulantes, más allá de matices y énfasis diferentes, se presentan con el compromiso de llevar adelante lo definido en el documento “bases programáticas 2025-2030”. El problema es que figuran allí medidas que sin duda significan retrocesos gravísimos, como es el caso de la “política nacional de alquileres” del FA.

El malhumor de la izquierda va contra la evolución del régimen de vivienda promovida que ha sido el gran motor del mercado inmobiliario del país en los últimos años. En efecto, con este sistema hay familias que compran inmuebles para vivir, pero también hay inversores nacionales y extranjeros que compran apartamentos para luego volcarlos al mercado de alquileres de manera de obtener una renta segura y confiable.

Se calcula incluso que en la última década los argentinos invirtieron por esta vía el equivalente a unos 800 millones de dólares en el mercado uruguayo de viviendas, mostrando así por un lado la confianza que ofrece nuestra seguridad jurídica, y por otro lado la alternativa satisfactoria que representa este tipo de inversiones que compiten con otras en el mundo entero, como por ejemplo inversiones inmobiliarias en Estados Unidos, bonos soberanos de buena renta europeos, o sectores económicos dinámicos de empresas tecnológicas que cotizan en bolsa. Para desarrollarse y crecer, nuestro mercado de viviendas se benefició así de este fenomenal aporte extranjero. Pero también sirvió para canalizar ahorros de una clase media uruguaya siempre ávida de invertir con seguridad, a la vez que de confiar en la expectativa de obtener mayores ingresos gracias a los alquileres de departamentos nuevos demandados en el mercado.

En vez de apoyar todo esto tan necesario para el país, el FA cree que el sistema se ha desvirtuado y que se han generado “operaciones inmobiliarias meramente especulativas”. Se trata, claro está, del viejo odio izquierdista a todo lo que representa el mercado con su afán de previsión, su interés por mejorar y su consecuencia de mayor oferta de viviendas para alquileres y canalización de inversiones inmobiliarias tan necesarias en el país. Para limitar todo eso, que a la izquierda le resulta especulativo y que debe ser contrariado, el FA propone en la página 47 de su programa crear un sistema de alquiler social regulado en precios, plazos y renovaciones, paralelo al actual que seguirá funcionando.

Quienes opten por el sistema paralelo recibirán estímulos estatales tales como subsidios, garantías y préstamos blandos para mejoras, a la vez que el Estado conformará un parque de viviendas de propiedad estatal para alquiler social. En concreto entonces, el planteo del FA es tomar medidas para distorsionar el actual mercado de alquileres, de manera de promover con dineros públicos un aumento de la oferta con precios, plazos y renovaciones regulados por el Estado.

En definitiva, si gana el FA todos aquellos que en esta década invirtieron sus ahorros en comprar apartamentos en el pozo, de manera de asegurarse así una renta legítima de futuro apostando a la oferta y demanda del mercado, verán cómo con dineros públicos la izquierda se ocupará de distorsionar la oferta de manera artificial, incidiendo así para bajar el precio de los alquileres y, claro está, para bajar también el precio de los inmuebles que se están construyendo con éxito sobre todo en Montevideo. Desde el Estado entonces, el FA está planteando llevar adelante explícitamente una política que dañe las expectativas de inversión tanto de quienes están en estos momentos esperando para poder hacerse de sus apartamentos que se están construyendo, como de quienes ya gozan de su bien inmobiliario y allí residen -porque el FA promoverá la baja del precio de su propiedad-, o lo utilizan para obtener un alquiler -porque el FA promoverá una competencia de alquileres subsidiados-.

La consecuencia natural de esta medida será la retracción de la inversión privada: si las reglas de juego se modifican en perjuicio de quienes aportan capital, la plaza uruguaya dejará de ser atractiva y tanto inversores nacionales como extranjeros preferirán llevar sus dineros a otras partes del mundo. Importa mucho entonces que los actores del sector inmobiliario tomen posición sobre estas medidas del FA: no pueden decir que no están informados ni que esas medidas les sean favorables.