Economía política y política económica

En las últimas semanas se han sumado al debate público algunos asuntos que dan cuenta de cómo las decisiones de política económica -y en buena medida de las políticas públicas en general- son hijas de la economía política de la toma de decisiones colectivas. Pasando un poco en limpio la sentencia anterior; muchas veces la forma en que se discute y se toman las decisiones en la esfera de la acción colectiva no son las mejores que hubiéramos consensuado como sociedad analizando el tema de forma objetiva y responsable porque intervienen intereses político-electorales, de grupos de presión y chocan las preocupaciones de corto plazo con las del largo plazo.

La imposibilidad de que en el Parlamento se aprobara una ley que hubiera sacado por unos años a la Caja de Profesionales de la situación crítica que atraviesa es un buen ejemplo. La solución implicaba aportes de todas las partes, profesionales, jubilados y el Estado, como suele ocurrir en nuestro país, pero no logró convertirse en ley por la oposición del Frente Amplio y de Cabildo Abierto. En este último caso porque discrepaban con que los jubilados de la Caja de Profesionales tuvieran que realizar su contribución para resolver, por un tiempo, el problema.

Por cierto que el asunto tiene varias aristas, como la mala administración de una Caja que no tiene los problemas demográficos de otras. Los sueldos elevados, las malas inversiones y las jubilaciones excesivas para los aportes realizados son buena parte del problema. En este sentido, es cuestionable que la sociedad en su conjunto, a través de rentas generales tenga que cargar con parte del asunto, una buena parte si no se aprueba algún otro tipo de solución, porque al final del día todos sabemos que no van a dejar de pagarse jubilaciones. Los profesionales y jubilados universitarios son privilegiados en Uruguay. Por sus niveles de ingresos parece claro que no es una prioridad fiscal destinar recursos a esta población, como sí lo es para políticas que atiendan la pobreza infantil, que es una herida lacerante.

Sin embargo, entre la demagogia electoral de parte del sistema política y la eficacia de presión de algunos grupos no llegamos siquiera a una solución parcialmente positiva. Al final del día, si no se asume una solución responsable, los pobres que pagan IVA por consumo de productos de la canasta básica terminarán subsidiando jubilaciones de privilegio de personas que se encuentran en el decil de mayores ingresos.

Existen muchos más ejemplos de los problemas de economía política que enfrentamos. La reciente aprobación en el Parlamento de una ley que exonera del pago de deudas, o la disminuye en otros casos, de deudores del Banco Hipotecario es otra muestra del asunto. Nuevamente, la presión de un grupo de pocas personas con un interés muy claro y la demagogia política van a permitir que cuantiosos recursos públicos se destinen a un fin que no es prioritario desde ninguna perspectiva de razonabilidad económica ni de justicia social, más bien todo lo contrario.

Si seguimos sumando ejemplos de este tipo nos vamos aproximando a la explicación de porque el 2% de los mayores de 65 años en nuestro país son pobres mientras lo es el 22,5% de los menores de 6 años desde hace muchos años. Debe reconocerse que el actual gobierno realizó un esfuerzo en materia de primera infancia, como el bono crianza y otras iniciativas que marcan un interés en la materia que claramente no tuvieron los gobiernos anteriores. También debe tomarse en consideración que el gobierno del presidente Lacalle Pou está realizando la inversión más grande de la historia en materia de erradicación de asentamientos.

Pero si como sociedad seguimos tomando decisiones que vuelcan grandes montos en quienes no lo necesitan no va a existir margen para las medidas enfocadas en quienes sí lo necesitan. Y, finalmente, la mayor iniciativa en términos de injusticia social es la que está proponiendo el PIT-CNT con su juntada de firmas para reformar el sistema de seguridad social. En caso de aprobarse determinará la mayor transferencia de recursos de nuestra historia contemporánea de pobres hacia los demás segmentos de la población. Queda claro que el PIT-CNT no puede hablar nunca más de justicia social ni de que defiende a los más pobres, tanto como que los uruguayos, cada uno de nosotros como votantes, debemos prestar más atención a la hora de elegir a nuestros representantes si pensamos que nuestra economía política requiere una mirada más sensata y sensible.