Más tarde o más temprano, todos los fenómenos políticos que ocurren en los países de Occidente, terminan por tener su versión uruguaya. A fin de cuentas, si el país más igualitario y democrático del continente, supo tener en los años 60 una guerrilla marxista como si fuéramos Nicaragua o El Salvador, cómo no íbamos a tener en tiempos de Milei o Trump nuestra propia “nueva derecha” identitaria.

Se trata de un grupo de gente que se manifiesta cansada de la corrección política, y los límites narrativos que ha impuesto la izquierda en el discurso público, y salen a viva voz a confrontar con la llamada “agenda de derechos”, con la imposición cultural marxista, y apelando al cansancio y empuje de una generación, que se mueve como pez en el agua con las nuevas tecnologías.

En ese sentido, la semana pasada tuvo lugar en Uruguay un primer gran encuentro de los líderes de esta postura política, que se llamó (sin ningún complejo), el “Derecha Fest”. El País publicó el pasado sábado una crónica de ese evento, que no gustó a sus organizadores, pero que pintaba de manera bastante razonable su cumbre inicial.

Pero más allá del evento, y de su implicancia a mediano y largo plazo en el panorama político nacional, hubo un episodio vinculado, algo menor, pero que demanda una atención relevante.

Resulta que en el canal de la intendencia de Montevideo un grupo de “comunicadores”, muy afectados en su sensibilidad progresista porque haya gente que piense distinto y tenga la audacia de decirlo en voz alta, sugirió al aire que las autoridades debían investigar el evento, y tal vez prohibirlo. Ya que allí podrían haberse emitido mensajes que entrarían en el tipo penal llamado “discurso de odio”. Se trata de un delito bastante incompatible con un régimen democrático sólido, donde discursos que alguien cree pueden atacarlo en función de su pertenencia a cierto grupo social, puede ser sancionado por la justicia.

A nadie con un mínimo de sensibilidad democrática puede escapar la gravedad de que dos personas que se dedican a la comunicación, y lo hacen desde una señal financiada por los contribuyentes, estén convocando a censurar, o a investigar mediante la autoridad policial, un evento político donde no se llamó a cometer ningún delito, ni se conspiró contra el sistema democrático.

Uno puede pensar lo que quiera del discurso y la personalidad de quienes impulsan esta agenda política que ellos mismos denominan “derecha”, sea lo que sea que eso quiera decir por estas fechas. Pero lo que es inaceptable es que alguien se crea con derecho de decidir qué tipo de discurso político se puede pronunciar en público y cuál no.

Allí está el peligro de contar con delitos como el mencionado de “discurso de odio”, por más buenas intenciones que se haya tenido al aprobarlo. ¿Quién se siente con derecho a calificar la forma de expresión de otra persona? ¿Cómo se puede vivir en una democracia plena, cuando no se respeta la madurez mental de la ciudadanía, al punto que el Estado siente que debe tutelar lo que se puede o no decir?

En ese sentido, es mucho más saludable la solución de un país como Estados Unidos, que con su Primera Enmienda, garantiza libertad para expresar cualquier concepto, en tanto no se llame a cometer un delito.

Pero más allá de ese debate legal y conceptual tan en boga hoy en todo el mundo, hay algo más pedestre que esta polémica ha dejado en claro. Y es que hay un sector de la izquierda que busca imponer límites impropios a quien se enfrenta a sus postulados. Desde hace mucho tiempo que existe una campaña para imponer límites mucho más allá de lo razonable, a quienes buscan confrontar con los criterios de corrección política, y lenguaje, que se han marcado por los actores de esa izquierda hegemónica en la cultura y en buena parte del sistema político.

De hecho, el surgimiento de estos grupos tiene como origen en buena medida el hartazgo de amplios sectores de la sociedad, ante la imposición de algunos criterios ideológicos como verdades absolutas imposibles de cuestionar.

A usted le puede gustar más o menos lo que opinan los líderes del “Derecha Fest”, de la misma manera que a muchos uruguayos le gusta poco o nada lo que se dice en las marchas del Día de la Mujer, o en los del Pit-Cnt, donde se suele cuestionar principios sagrados de cualquier democracia seria, como la democracia representativa o la presunción de inocencia. Pero lo que no se puede es pretender silenciar a quien dice lo que a usted no le gusta.

Eso no es democrático.