Corrupción, fuga y escándalo

El tema ha pasado algo desapercibido en Uruguay, pero por su relevancia regional, es importante que se ponga sobre la mesa. Hablamos de la reciente condena a 15 años de cárcel por delitos de corrupción, contra el expresidente peruano Ollanta Humala, y su esposa, Nadine Heredia.

Casi tan relevante como eso, es lo que ocurrió después. La ex primera dama peruana, solicitó asilo de manera totalmente irregular en la embajada brasileña. Y el presidente Lula da Silva no solo se lo otorgó (poniendo en duda la honestidad del sistema judicial peruano), sino que envió un avión de la fuerza aérea brasileña para que “rescatara” a Heredia y la llevara a suelo brasileño.

Para entender por qué esto es relevante para Uruguay, y para el resto de América Latina, hay que viajar un poco en el tiempo. Allá por 2011, Perú terminaba el segundo período de un reformado Alan García, la región vivía los años finales del furor de los gobiernos de izquierda, con Chávez todavía vivo, y Lula a punto de dejar el poder tras una década, en manos de Dilma Roussef.

En ese contexto, la llegada de Humala al gobierno era una posibilidad que estimulaba mucho a la izquierda. Un exmilitar, de raíces indígenas, que coqueteaba con la izquierda regional, que podía sumar un país importante a ese bloque. También contaba, hay que decirlo, con el apoyo de Mario Vargas Llosa, que antes de apoyar a un Fujimori, creía que Humala era el mal menor.

Esa época era también la era dorada de los esquemas de financiamiento ilegal que se montaron en Brasil, y que se extendieron a toda la región. Implicaba que empresas constructoras brasileñas, en especial Odebrecht, entregaban dinero “negro”, a dirigentes políticos del PT de Lula, que luego se hacía llegar a políticos de izquierda regional para financiar sus campañas. Y, como contrapartida, las empresas brasileñas ganaban suculentos contratos de obra pública en estos países.

Según la justicia peruana, y como ha sido confirmado por varios medios relevantes de Brasil, dinero de este esquema nutrió de forma significativa la campaña de Humala, y le permitió llegar a la Presidencia.

Y en ese esquema, tuvo particular destaque la esposa de Humala, Nadine, que según todos los informes periodísticos que se están publicando por estas horas en Lima y en Brasilia, era la “jefa” de la operación, y quien se reunía en persona con los enviados de Odebrecht para recibir las bolsas con dinero contante y sonante, en un apartamento de coqueto barrio de Miraflores, en Lima.

Por todo esto es que la justicia peruana condena al exmatrimonio presidencial peruano. Como antes había condenado por la misma causa al sucesor de Humala, Pedro Pablo Kuczynski.

Lo más llamativo es que estas causas, como las que involucran al expresidente panameño Martinelli, y a otros exmandatarios regionales, terminan siempre en Brasilia, por vínculos políticos y económicos. Pero allí, resulta que la justicia ha enterrado el tema, ya que por tecnicismos legales, se derrumbó la causa que mantenía preso a Lula, y se lo rehabilitó para hacer política.

Y ahora recorre la región como si fuera un dirigente impoluto, incidiendo en los procesos electorales y políticos de los demás países del continente.

Para comprobar la relevancia de este tema, alcanza ver el comentario de la organización Transparencia Internacional, después del fallo y la fuga de Nadine Humala, lo cual condenó con firmeza. Pero además dijo que “Después de exportar corrupción a América Latina y África, Brasil ahora exporta impunidad”.

Esto es muy importante tenerlo en claro en Uruguay, donde parece que nuestro nuevo gobierno, ese que llegó a lomos de la consigna “que gobierne la honestidad”, parece haberle tercerizado nuestra política exterior al gobierno brasileño.

No hay decisión que tenga que ver con alineamiento regional, que no sea previamente consulta a Brasilia, y hasta el reconocimiento al nuevo presidente de Ecuador, estuvo más de un día pendiente de ver qué hacían Lula e Itamaraty.

Sería importante saber qué opina nuestra Cancillería, por ejemplo, de lo ocurrido en Perú. ¿Vamos a validar que un gobierno regional facilite la fuga de una condenada por corrupción, cuando decimos que somos el non plus ultra de la honestidad? ¿Cómo cierra eso?

Pero, sobre todo, es importante tener claro que las pruebas concretas, en países hermanos, apuntan sin dudas a que hubo una maquinaria de influencia electoral, financiada desde el Brasil de Lula, para extender su influencia regional.

¿Será que eso ya no pasa más?