El Uruguay es un país de poca extensión, suelo ondulado, clima benigno, población educada, rige el estado de derecho. Así lo tenemos conceptuado los uruguayos y también en el extranjero se goza de buena imagen. Un país respetuoso de las leyes y un sistema judicial independiente.
Pero de enfocarlo con una buena lupa, esas características y virtudes dejan bastante que desear. Es cierto que no disponemos de grandes extensiones de tierra y el vecindario con dos países inmensos como Brasil y Argentina aumentan esa percepción de pequeñez. Pero en realidad hay muchos otros estados, por ejemplo en Europa, más chicos que nosotros y más desarrollados. Lo que sí es cierto es que tenemos escasa población y en ese sentido hay una comparación que viene al caso en estos momentos. La franja de Gaza consta de un territorio que es más o menos un tercio del departamento de Montevideo y una población de más de 2 millones y medio de habitantes, al menos antes de la presente guerra.
Es verdad que no sufrimos tsunamis y solo de vez en cuando un pequeñísimo movimiento de tierra como el de hace unos meses. Ello no impide que haya sequías muy grandes de vez en cuando, alguna gran inundación o un intempestivo tornado. Sin embargo, hay otros aspectos que no dan para enorgullecerse. Es muy cierto que Uruguay logró tener una población homogéneamente educada con destaque en la región, pero lamentablemente, ese progreso se detuvo y actualmente el deterioro del nivel educativo es uno de los más serios problemas que enfrenta nuestra nación. Si bien el presente gobierno está seriamente comprometido en mejorar la situación, es doblemente difícil alcanzar los objetivos cuando hay un fuerte sector gremial dominado por la izquierda que en vez de poner el hombro, lo que hace es oponerse siempre a la iniciativa que sea, por más indispensable o beneficiosa que sea.
Y la orgullosa noción de que el nuestro es un país donde existe el estado de derecho se hace agua cual cubo de hielo al sol y no por una sola razón, sino por varias.
Para tener un ejemplo de lo dicho, baste leer la nota en El País del domingo, que ciertamente no es la primera sobre esta clase asuntos. Rechina el desgobierno existente en un área tan sensible como la del derecho de propiedad. Un elemento primordial para cualquier nación que se precie de civilizada. La nota dominical de la semana pasada pone el foco en lo que sucede en muchos lugares de Rocha, aunque no se trate de la única zona donde se advierte una escandalosa anarquía alrededor de terrenos, títulos de propiedad, falsos o verdaderos, derechos posesorios o simplemente posesiones, promesas de cesión de derechos, autoridades desbordadas, justicia inoperante, enjambres de abogados y no hay que descartar, venalidades de distinto calibre.
“Títulos truchos y amenazas tipo Far West: el balneario de Rocha en disputa legal por ocupación de terrenos”, se tituló en la Web de este diario el 12 de noviembre pasado. Se dijo que con la pandemia, (el Covid ha servido para todo, bueno y malo), decenas de terrenos fueron ocupados por decenas de casas surgidas tipo hongos en la humedad, en un balneario hasta hace poco desierto junto a la Barra del Chuy. El intendente de Rocha, Alejo Umpiérrez, quien se caracteriza por su dedicación y su evidente intención de acometer su gestión con seriedad, manifestó en ese momento que hubo una operación de venta ficticia de derechos poseso-rios falsos, levantándose en consecuencia, construcciones irregula- res. Ante el hecho, el gobierno rochense intenta como puede, combatir los abusos por medio de diversos juicios.
Cual Quijote ante los molinos de viento, el intendente asegura que es parte de la eterna historia de irregularidades que se dan en la larga y bella costa rochense y pretende terminar con esa situación inaceptable. Asegura que su aspiración es la de no habilitar una canilla libre y que el departamento deje de ser tierra de nadie. Acabar con la costumbre de ocupar de forma ilegal y con vista al mar.
El director de Jurídica confirmó que en ese preciso lugar hay unas 80 construcciones clandestinas, al oeste de la Barra del Chuy. Y lo más insólito es que tras hacer un relevamiento para enfrentar la usurpación de tierras, la Intendencia recibió un pedido de explicaciones de la Institución de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo.
Detrás de este tipo de maniobras siempre hay alguien que se aprovecha. Las historias se entrelazan con mentiras, semiverdades y Macondo no parece tan ajeno.