Marcelo Gioscia Civitate | Montevideo
@|Aprobada la Ley de Reforma de la Seguridad Social (que sin cálculo político alguno el gobierno de la Coalición Republicana impulsara, basado en el interés general y en el de las futuras generaciones) se impulsó por el PIT CNT, la recolección de firmas que habilitaron la consulta al Cuerpo Electoral que finalmente se produjo (con todas las garantías que brinda nuestro sistema y dentro del marco constitucional y legal) argumentando de muchas maneras su voluntad de dejarla sin efecto.
Nada les importó la opinión de más de cien técnicos de filiación frentista que no estuvieron de acuerdo con dicha postura y apostaron a que la ciudadanía los acompañara.
Abiertas las urnas, el resultado les fue adverso, no obstante lo cual argumentaron que había que tener muy en cuenta que más de un millón de ciudadanos votaron por su derogación, lo que les habilitaba a insistir con un “necesario diálogo social” más “inclusivo y participativo” para que, con las “nuevas mayorías”, se instrumenten las bases contenidas en el programa de gobierno a instalarse el próximo 1° de Marzo; que hacen suyo volver a los sesenta años de edad para reclamar derecho a jubilación y evitar toda actividad de lucro con los dineros que aportan los trabajadores afiliados al sistema previsional vigente.
De cómo se financiará lo prometido nadie habla, y se advierte que se desconoce la voluntad de la mayoría del Cuerpo Electoral que se pronunció libérrimamente en los términos que la Constitución y las leyes electorales establecen, dándole prioridad a quienes sí votaron por “la reforma de la gente” (como pregonaba la publicidad de la campaña que impulsaron) pero que fueron derrotados en las urnas, sin respeto alguno por quienes obtuvieron el mayor número de sufragios.
Tal vez envalentonados con las dos consultas populares sobre la Ley de Caducidad, en las que la ciudadanía votó por mantener la misma (pese a habérsele consultado con una distancia de diez años entre ellas), igualmente y sin pudor alguno utilizaron artilugios para desconocer ambos pronunciamientos; se vuelve a insistir hoy con derogar y/o modificar la Ley 20.130 promulgada el 2 de Mayo de 2023.
No debería resultar indiferente esta postura que, a nuestro leal entender, violenta en forma flagrante las normas constitucionales que regulan estos mecanismos de democracia directa, los que bien empleados -sin lugar a dudas- fortalecen el sistema democrático y republicano de gobierno.
Resulta por cierto peligroso este manejo político que, vestido de un ropaje de “diálogo social”, encubre una clara intencionalidad de desconocimiento de un pronunciamiento soberano que les resultó contrario a sus intereses.
Este criterio de las “nuevas mayorías” fue el que se utilizó hace pocos días, en una sesión del Senado de la República, por legisladores contrarios a la Coalición Republicana que entendían que por la proximidad de la asunción de los nuevos legisladores y del nuevo gobierno electo, no debían votarse algunas leyes, como si no se debiera ejercer la función pública para la que fueron electos hasta el último día… planteos que deberían llevar a una necesaria y profunda reflexión.