Suele ponerse énfasis en la diplomacia comercial, especialmente la búsqueda de inversiones extranjeras en nuestro país, por encima de la diplomacia tradicional que, aparentemente imaginan algunos, solamente se preocuparía de lo político.

Esta concepción de las relaciones exteriores de los Estados es equivocada. Las relaciones entre los países continúan siendo regidas por los principios fundamentales de la política del poder y la protección de los intereses esenciales de cada nación, No es necesario ser un mercantilista, para reconocer que aunque el desarrollo económico tiene una gran importancia, la prioridad siempre deberá ser asegurar los valores políticos esenciales como la defensa de la soberanía, la tutela del territorio y las buenas relaciones con nuestros vecinos.

Un buen ejemplo de la importancia de tener presente esa jerarquía de valores es el caso de los puertos.

Los derechos y los deberes de nuestro país en lo que se refiere a sus puertos están definidos en el Derecho Internacional general, regional y bilateral. El primero está cristalizado en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y el sistema de acuerdos multilaterales elaborados por la OMI o por FAO, en el caso de la pesca. El marco regional incluye los acuerdos de la Hidrovía Paraguay Paraná (Puerto de Cáceres - Puerto de Nueva Palmira). La geografía le adjudica especial importancia a los acuerdos bilaterales con la República Argentina (Tratado del Río de la Plata y su Frente Marítimo).

Ese marco político, producto de la diplomacia política "tradicional", contribuye a la defensa de nuestros intereses esenciales, como el acceso libre y directo al océano Atlántico, la explotación de los recursos vivos acuáticos en las regiones sujetas a los derechos de soberanía de nuestro país y en alta mar, y las relaciones con los demás países de la Cuenca del Plata.

Ese marco consagra derechos para nuestro país. También, señaló el embajador González Lapeyre en una carta sobre operativa portuaria publicada en la sección Ecos de El País, involucra deberes.

El Uruguay es sus puertos y todo lo que atañe a los puertos tiene serias consecuencias políticas para el Uruguay.

El Puerto de Montevideo, y los demás puertos (como Nueva Palmira), contribuye a la tutela de derechos y los intereses políticos esenciales de nuestro país.

Pero, no vivimos aislados (¿es necesario recordar el pleito sobre las pasteras del río Uruguay, con Argentina?). Formamos parte de una región y del mundo.

Las decisiones internas que tome nuestro país en materia de puertos tendrán un impacto sobre nuestros vecinos. También tendrá consecuencias aún más amplias.

Ese impacto puede ser positivo (sería el caso del desarrollo de los puertos de Montevideo y Nueva Palmira como exportadores de servicios al resto de la región) o negativo.

Un claro ejemplo de impacto perjudicial para nuestros vecinos de una medida nacional sería autorizar la instalación en territorio uruguayo de una base logística privada china para buques pesqueros de terceros países que operan a partir del límite exterior de las zonas económicas exclusivas de los Estados ribereños del Atlántico sudoccidental.

Las relaciones con nuestros vecinos deben ser dirigidas por la regla de oro política del principio de buena vecindad.