La economía uruguaya permaneció estancada durante un quinquenio, se sumergió en la pandemia, luego rebotó vigorosamente, y ahora procura una nueva fase expansiva sostenible en el tiempo.

Esto exige reformas que aumenten la productividad, una agenda que es ampliamente conocida y cuenta con cierto consenso básico: el país debe mejorar su inserción internacional, invertir en infraestructura, reforzar su capital humano y reducir las regulaciones.

Implementar esta agenda es un trabajo de alta complejidad que trasciende con amplitud a un periodo de gobierno. Su éxito depende de la continuidad. La mayoría de los países no lo logra, pero algunos sí. Y para ello hay instituciones que ayudan.

Propongo mirar a Australia con mucha atención. Puede ser un país referente dada la similitud de cambios necesarios, la inercia arraigada, y la manera gradual en la que se introdujeron y mantuvieron las reformas a lo largo de décadas con gobiernos de centro-izquierda y de centro-derecha. Claro que no se trata de copiar, si de aprender y ver lo que funciona bien.

Hace unos meses estuve en Melbourne reunido con el presidente y los miembros del directorio de la Comisión de Productividad, un organismo consultivo del Estado australiano, que ofrece asesoramiento y análisis independiente a los gobiernos de turno en un abanico amplio de reformas que afectan la productividad, desde su gestación a la comunicación. Y pude conversar largamente con su primer presidente, Gary Banks, quien tuviera un papel protagónico en el lanzamiento de la institución.

El éxito de esa Comisión de Productividad, actor clave del proceso de reformas que sacó a Australia del estancamiento económico y la dejó entre los países de mejor calidad de vida del mundo, se asentó sobre dos pilares básicos.

En primer lugar, su independencia, que se estableció por ley con un papel consultivo de alto nivel; y la de sus miembros, que son designados por mayoría parlamentaria especial por un periodo de cinco años, y que no pueden ser removidos por el gobierno de turno.

En segundo lugar, la obligación de cada gobierno de pedir opinión técnica a la Comisión ante reformas que afecten la productividad. Se desencadena así un proceso consultivo amplio pero ágil con la academia y la sociedad civil. Este sistema, que incluye consulta abierta, presentación de borradores preliminares y documentos finales, ofrece al gobierno información muy valiosa sobre el impacto en la opinión pública y las reacciones de los agentes involucrados.

Un estudio de la OCDE, que analiza diez casos de países que cuentan con instituciones similares, presenta evidencia de que una Comisión de Productividad bien diseñada logra mejorar la calidad de las políticas públicas. Concentrar conocimiento e investigación en un organismo del Estado ayuda a crear las condiciones necesarias para fomentar la mejora de la productividad a largo plazo. Y complementa a las instituciones privadas, que tienen más libertad para promover reformas que desafían los intereses creados y la voluntad del gobierno.

En el mismo informe, se presenta evidencia contundente sobre la importancia de dotar a la Comisión de Productividad de suficientes recursos, capacidades, transparencia y responsabilidad procesal. Muchos países han intentado imitar el modelo australiano sin mayor éxito, pues la institución que crearon no tiene los recursos y la independencia necesarias.

Es importante definir el correcto relacionamiento entre la institución y los actores de la sociedad civil. Una buena combinación de análisis de cambios con impacto en el corto y en el largo plazo es una fórmula que ha demostrado ser exitosa a nivel internacional. También hay que tener claro que una Comisión de Productividad no va a solucionar los problemas que determinan la baja productividad de muchos sectores, sino que va a colaborar en el proceso de mejora.

Uruguay, que no cuenta con una comisión de ese tipo, tiene amplia experiencia en crear organismos y no darles las condiciones necesarias para su adecuado funcionamiento. También tenemos primos lejanos de una Comisión de Productividad, que bien podrían tomarse como embrión.

Existe la “Agencia de Monitoreo y Evaluación de Políticas Públicas” creada en 2020 por la Ley de Urgente Consideración (LUC), que tomó como base la “Unidad de Asesoramiento y Monitoreo de Políticas”, gestada en 2005 como servicio de apoyo en Presidencia.

“Transforma Uruguay” fue creado por ley durante el segundo gobierno de Tabaré Vázquez (2015-2020) con el objetivo de crear un “Plan Nacional de Transformación Productiva y Competitividad”, para integrar una multiplicidad de proyectos existentes que buscaban potenciar espacios de desarrollo productivo en distintas dimensiones. La institucionalidad creada tenía la intención de contribuir con el proceso de mejora de la productividad con un enfoque de mediano y largo plazo. Lamentablemente no pudo prosperar, en gran parte por no cumplir en su diseño con las condiciones básicas que la evidencia internacional demuestra que son necesarias.

Pasó lo que tenía que pasar. La creación de instituciones que promuevan y sostengan reformas que mejoren la productividad, en general termina siendo presa de las mismas fuerzas políticas que pretende combatir. Sucede en la mayoría de los países.

Impulsar reformas que mejoren la productividad implica un fuerte liderazgo político y una elevada capacidad ejecutiva. La voluntad política es insustituible, pero su influencia sobre las políticas públicas puede ser efímera. Un legado duradero se sustenta en instituciones y procesos que les den continuidad a los cambios a lo largo de los diferentes gobiernos.

Uruguay necesita cuidar el nivel de vida que hoy tiene su población y aspirar a mejorarla sostenidamente en el futuro. Así como el GACH (Grupo Asesor Científico Honorario) veló por la salud en pandemia, una Comisión de Productividad velaría por el desarrollo económico social.

Una Comisión de Productividad bien diseñada no solo sería relevante para seguir por el camino de impulsar buenas políticas públicas; también sería clave para evitar malas políticas; lo que es más importante aún en el contexto actual.