El calendario electoral nubla el horizonte de la región. El domingo hubo elecciones en Chile y habrá segunda vuelta. Argentina salió de las legislativas y arrancó las presidenciales de 2023. Brasil se apronta para las del año que viene, con Lula como figura principal.

La primera vuelta presidencial dejó a Chile en un punto de inflexión entre dos mitades opuestas que se enfrentarán en la segunda vuelta, el 19/12; y que deberán convivir con una reforma constitucional, que se plebiscita en 2022.

En Argentina, el gobierno obtuvo el 33% de los votos, mientras que la oposición obtuvo 42% en las legislativas. Por primera vez desde 1983, el Peronismo pierde la mayoría en el Senado. Para llegar a la mayoría (37), tiene que conseguir 2 votos entre los 4 senadores “independientes”. En Diputados el gobierno pasó de 116 a 118 escaños, consolidando la minoría mayor, 11 bancas por debajo de la mayoría.

El año que viene vence la mitad de los 44 mil millones de dólares recibidos de parte del FMI desde 2017. “El mayor préstamo de la historia fue utilizado por el gobierno anterior para financiar la campaña electoral y la fuga de capitales”, decía días atrás el Canciller argentino al Financial Times.

Más allá del cuestionamiento político, la realidad es que Argentina no tiene dólares como para pagar los vencimientos. Debe llegar a un acuerdo y el gobierno lo tiene claro. Todos los que escucharon el primer discurso del presidente tras las elecciones se dieron cuenta que estaba dirigido al FMI.

Argentina busca una reducción de interés y un aumento del plazo de la nueva deuda. La estrategia oficial es negociar un programa multianual de “crecimiento sustentable”, en el marco de un Acuerdo Nacional. El escenario esperado es una combinación de políticas heterodoxas que tenga la restricción fiscal necesaria para reducir la inflación y hacer sostenible la deuda pública.

Si bien el resultado electoral redujo la chance de que Argentina quede aislada en la autarquía financiera con saldos impagos al FMI, los desafíos que tiene son enormes. Para retomar el crecimiento se necesita inversión privada, que no llega por arte de magia sino con credibilidad y oportunidades.

Mientras tanto, en Brasilia, la agenda la marca el termómetro de las encuestas para las elecciones presidenciales de octubre 2022. El centro de la discusión está en la forma de saltear el tope vigente al crecimiento del gasto público para aumentar las transferencias sociales. Se busca retrasar el pago de deuda judicial y cambiar el cálculo del ajuste por inflación del techo de gasto, establecido en la enmienda constitucional de 2016.

La urgencia electoral cada día pesa más: las encuestas le dan mal al presidente. La preocupación crece cuando las estimaciones del mercado proyectan un crecimiento casi nulo para 2022. Para cambiar el panorama, el gobierno impulsa Auxilio Brasil, el programa de transferencias que sustituye a Bolsa Familia, lanzado por Lula hace 18 años. Auxilio Brasil alcanza a 14,6 millones de familias mientras Bolsa Familia alcanzaba a13,9 millones, y el pago es 20% superior.

El dilema entre la pérdida de credibilidad de la actual conducción económica y la necesidad de mejorar la aprobación popular del gobierno está latente en Brasil.

Como diría Octavio Paz, nuestros vecinos viven “tiempos nublados”, y habrá que esperar para volver a ver sol, que siempre sale.