La dictadura venezolana avanza en la trayectoria inevitable.

A principios del mes pasado tuvo lugar una de las ya habituales reuniones entre el gobierno y la oposición venezolana, en esta oportunidad reunida en el movimiento Plataforma Unitaria. En esta oportunidad se acordó un documento de cinco páginas donde, entre otras cláusulas, hubo un acuerdo en convocar a elecciones presidenciales el segundo semestre del próximo año, de acuerdo a los plazos estipulados en la Constitución. No hubo acuerdo sobre el estratégico tema de las proscripciones de ciudadanos por parte del gobierno, lo que les impide ser candidatos en aquellas elecciones. Para mencionar tres ejemplos: María Corina Machado ha sido inhabilitada de manera firme por quince años, Henrique Capriles también por quince años, y Freddy Superlano por siete años.

En este punto es importante tener presente que el régimen venezolano es totalitario, todos los poderes del Estado están dominados por sus partidarios quienes utilizan los mecanismos constitucionales legítimos con fines ilegítimos que los desnaturalizan.

Como resultado, Maduro y su team se encuentran en la confortable posición de decidir quiénes serán los candidatos opositores, supervisar la votación y dar el veredicto de las urnas. Como dicen algunos defensores locales del régimen, es una democracia de otro tipo…

A pesar de todos obstáculos y dificultades, la oposición convocó y llevó adelante un proceso de elecciones internas que culminó el domingo 22 de octubre. Según la información suministrada por ese movimiento votaron 2,3 millones de ciudadanos en Venezuela y 132.780 en el extranjero. La ganadora por una abrumadora mayoría fue la candidata María Corina Machado. No es un mal resultado, especialmente si consideramos que, de acuerdo a la información de Naciones Unidas, ya han emigrado más de siete millones de venezolanos.

Pero, en un ejemplo de pulida eficiencia, la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, suspendió “todos los efectos de las distintas fases del proceso electoral conducido por la ‘Comisión Nacional de Primarias’” y ordenó notificar “al Fiscal General de la República, ciudadano Tarek William Saab, con vista a las múltiples y graves denuncias relacionadas con ese evento electoral, formuladas tanto por el Diputado José Dionisio Brito Rodríguez, ya antes identificado, así como también por otros representantes de los Poderes Públicos del Estado Venezolano y por otros actores políticos, las cuales han sido ampliamente difundidas a través de los medios de comunicación social, cuyo hechos descritos pudiesen configurar la presunta comisión de delitos contra la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la presunta comisión de ilícitos electorales y la presunta comisión delitos comunes”.

Ciertamente que este Tribunal, producto de una dictadura corrupta, invoque “la presunta comisión de ilícitos electorales y la presunta comisión de delitos comunes”, es digno de Orwell.

Nada de esto sorprende.

Esa una dictadura que actúa según su naturaleza. Lo que si maravilla es que existan quienes defiendan a este régimen como una forma diferente de democracia. O, aún más grave, los que proclaman (de buena o mala fe, porque hay de las dos clases) que es posible confiar en sus promesas de retornar a la democracia. La verdadera.