Lo que está pasando en Fiscalía es gravísimo. Ya no se puede mirar para otro lado, ante una crisis que pone en cuestión la confiabilidad del sistema de justicia. Y la polémica de las últimas horas, con la pelea entre los fiscales Fossati y Romano, y unas declaraciones del Fiscal de Corte Juan Gómez, que tiró combustible a las llamas, hacen temer que la espiral de decadencia está lejos de tocar fondo.

¿Cómo llegamos a esto? ¿Cómo sucedió que nuestro lento, bucólico, y hasta aburrido sistema de justicia terminó convirtiéndose en un programa de chimentos? Lamentablemente, el corte significativo hay que ubicarlo en el cambio del proceso penal. Decimos lamentablemente porque entendemos que el sistema previo era injusto, ya que un juez investigaba mano a mano con la Policía, y luego dictaba él mismo sentencia sobre vida y honra de las personas. ¡Andá a esperar la apelación en el Comcar!

Por eso nos pareció siempre que el cambio era necesario, y que incluso el ex juez Jorge Díaz, por personalidad y conocimiento, era una persona adecuada para llevarlo adelante. Postura no compartida por destacados operadores jurídicos como el amigo y columnista de El País, Leonardo Guzmán, que desde estas páginas combatió ese cambio sin tregua. Lo que vemos hoy parece darle la razón a Guzmán. Aunque, gracias al nuevo proceso, todavía queda la figura del juez para dar tranquilidad a la sociedad, ya que lo que se ve de la Fiscalía es un panorama de polarización, partidismo político, falta de nivel y de consciencia de la responsabilidad que implica su función.

La realidad es que desde que acometió la tarea de formar esta Fiscalía, e implementar el nuevo proceso penal, Díaz estuvo rodeado de acusaciones. En ese momento era fácil achacarlas a lo difícil de la misión. Y cuando renunció sorpresivamente a su cargo en 2021, dejando en su lugar a alguien con imagen bonachona como Juan Gómez, nada parecía tan grave. A partir de ahí todo vino barranca abajo.

Ahora estamos entrampados en una situación escandalosa, con esta pelea y cruce de acusaciones entre Romano y Fossati que no parece tener salida. Es raro que una fiscal que pide licencia médica vuelva antes de tiempo y en medio de un turno. Pero también es muy raro que un fiscal subrogante, que debe atender una causa por dos semanas, la quiera dar vuelta y visite a un implicado sin coordinar con la titular.

A Fossati se la ha tachado de conflictiva, de inestable, de tener un hermano blanco. Pero Romano también ha estado implicado en casos escandalosos, como aquella noticia del supuesto “dossier” del fiscal Pérez cuando el caso del barrio Nuevo Amanecer. Caso que si nos ponemos a analizar de forma memoriosa, tiene todos los elementos que vienen marcando negativamente la tarea de Fiscalía. Denuncias de favoritismos, de politización, y filtraciones maledicentes a la prensa. ¿Le suena?

El problema ahora es que Juan Gómez debe tomar medidas de fondo ante este escándalo. Pero llegados a este momento, ninguna de las medidas que tome será aceptada pacíficamente por el entorno. Haga lo que haga, sobrevolará el fantasma de la intencio-nalidad política. Claramente, a Gómez le ha faltado autoridad para evitar que las cosas lleguen a este punto.

Y ahora todas las miradas vuelven a Díaz. A fin de cuentas él diseñó esta Fiscalía que luce tan disfuncional. Y, en forma consciente o no, tomó medidas que han sido fundamentales para que esa oficina quedara en medio del tiroteo partidario. Entre ellas, contratar en forma directa a un periodista que se convirtió en el eje de todas las filtraciones que han marcado al caso Astesiano. Pero también otros.

Como si fuera poco, el reconocido penalista Juan Fagúndez lo acusó directamente esta semana de haber montado un esquema que le permite, ahora que se fue a la actividad privada, tener privilegios que no tienen otros. En el país del subsidio, ¿a nadie se le ocurrió que quien sale un día por una puerta como Fiscal de Corte no puede entrar al siguiente por otra como un abogado más?

Para agravar la cosa, vuelve la polémica sobre la creación de un Ministerio de Justicia, algo que en Uruguay remueve viejos fantasmas que a nadie conviene revivir.

Los ciudadanos de a pie ven esto sin darse mucha cuenta de lo que implica. Pero si cada decisión del cuerpo que tiene la titularidad de la acción penal en el país, los que deciden si algo es delito o no, va a quedar enturbiada por lodos partidarios, el descreimiento en una institución clave para una convivencia civilizada está a la vuelta de la esquina.

Urge que el sistema político demuestre esa madurez y equilibrio de la que tanto gusta darse dique ante medios de otros países. Y deje de lado mezquinos intereses de corto plazo, para encontrar una solución de fondo a este problema. Lo que vendrá, si no, no le conviene a nadie.