El gobierno solicitó a la Cámara Uruguaya de Zonas Francas que se rescindan los contratos de usuarios "de papel", es decir que no tienen actividad y solo se utilizan para facturar, en esos exclaves. Entre noviembre y marzo, se rescindieron 53.
En esos cuatro meses, 135 firmas en total dejaron de ser usuarios de zonas francas, de ellos 82 fueron porque caducó el contrato y no se renovó y a 53 se les rescindió el contrato. En la mayoría de los casos fue a empresas que no tenían actividad.
Fuentes oficiales dijeron a El País que se le pidió a la gremial que agrupa a las zonas francas que colaboren en dar de baja a aquellas empresas que están "latentes" o "de papel". Estas son firmas que figuran como usuarios indirectos en las zonas francas pero no tienen sustento económico, ni capital y no contratan gente, desvirtuando el espíritu original de la ley, agregaron. Estas firmas "de papel", simplemente se utilizan para facturarle a empresas con la ventaja de que al estar en el exclave no pagan impuestos.
El pedido del gobierno se "concreta" en los hechos y se viene obteniendo una "respuesta" por parte del sector privado, dijeron los informantes.
El Ministerio de Economía quiere transparentar el régimen de zonas francas, que es mayoritariamente bien utilizado, mediante la colaboración de los privados en depurar a este tipo de empresas sin actividad. A cambio de eso, el gobierno ha "racionalizado" el régimen, indicaron los informantes.
Las empresas "de papel" varias veces son denunciadas por Argentina porque a través de ellas se triangulan exportaciones.
Desde un tiempo a esta parte, el gobierno ha buscado diferentes herramientas para mejorar el régimen de zonas francas.
A través de un decreto, desde 2010, todas las solicitudes de autorización y de prórroga de contratos de usuarios directos e indirectos que se presenten ante el Área Zonas Francas de la Dirección General de Comercio deberán incluir la información sobre la empresa y el plan de negocios.
A su vez, el Área Zonas Francas de la Dirección General de Comercio autoriza los contratos de usuario directo o indirecto sometidos a su consideración o sus prórrogas no automáticas cuando del análisis del contrato y del plan de negocios surge que la actividad proyectada cumple simultáneamente con tres siguientes condiciones: genera empleo directo o indirecto en la zona franca; desarrolla su actividad en la zona franca, utilizando o aprovechando las instalaciones provistas por el explotador o por el usuario directo, según correspondiera y tiene domicilio fiscal en la zona franca.
También se estableció que el plazo máximo de los contratos de usuario directo es de 15 años y en el caso del usuario indirecto de cinco años.
El decreto, expresó además la infraestructura necesaria y suficiente que debe proveer el explotador de una zona franca.
En 2008, según el último censo de zonas francas realizado, había 1.379 establecimientos de los que nueve eran explotadores de los exclaves, 254 usuarios directos (son quienes adquieren su derecho a operar en zona franca mediante contrato celebrado con el explotador) y 1.116 usuarios indirectos (los que adquieren derecho a operar en zona franca mediante contrato celebrado con el usuario directo utilizando o aprovechando sus instalaciones).
Según ese relevamiento, había en 2008 237 usuarios "latentes", es decir que no presentaban actividad.
La actividad de las zonas francas, representó en 2008 3,84% del Producto Interno Bruto (PIB) de ese año. A ese año, los exclaves daban empleo a 9.257 personas en forma de dependientes y a 1.542 como no dependientes. En ambos casos, 90% es nacional.