Polémica: Movistar y Claro acusan al gobierno de violar tratados de protección de inversiones en subasta de 5G

Por Lucas Elmallián
A cuatro días de que se realice la subasta de espectro para 5G, las dos empresas privadas que han cumplido con los pasos para poder participar en ella, Movistar y Claro, aún se mantienen firmes contra las condiciones fijadas en el proceso competitivo. Ambos afirman que las condiciones violan tratados de protección a la inversión suscritos por Uruguay.

Esto se desprende de la versión taquigráfica a la que accedió El País, tras la participación este miércoles de Movistar, Claro y Dedicado ante la Comisión de Industria, Energía, Comercio, Turismo y Servicios del Senado. Su participación se debe a que estas empresas presentaron recursos contra las bases y condiciones de la subasta.

Dos semanas atrás, el Ministerio de Industria, Energía y Minería, junto con el directorio de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicación (Ursec) se presentaron ante la comisión. En esa instancia, el titular del ministerio, Omar Paganini, había sostenido que la banda “en Uruguay vale un poco más” que el valor indicativo obtenido al analizar el mercado internacional y que, ante la queja de Dedicado por no poder participar de la subasta, la “discusión de fondo” es si se autoriza un cuarto operador de telefonía celular.

Este miércoles, el primero en comparecer ante la comisión fue Movistar. La delegación fue encabezada por su presidente, José Luis Aiello, y tuvo a su directora de Asuntos Públicos y Regulación, Leticia Lago, como principal exponente. Lago señaló -como lo dijo Claro en artículos previos de El País y volvió a afirmar en el Parlamento- que los ingresos de los operadores móviles por megahertz (MHz) de espectro vienen disminuyendo.

“Esto se debe a que, si bien es cierto que ahora todos usamos más el celular que hace 20 años, ese mayor uso genera más tráfico de datos, que requiere de más espectro, sin embargo, los ingresos provenientes de ese mayor consumo no han resultado mayores”, dijo.

Al momento de hablar sobre la subasta de 5G, subrayó que desde la empresa impugnaron el decreto que aprobó el pliego de condiciones de la subasta, publicado por el Ejecutivo.

Entre los motivos para presentar el recurso, expresó que el primero refiere al modelo de despliegue para 5G, “porque el desafío para Uruguay es lograr un despliegue que sea competitivo, no se trata simplemente de subastar frecuencias radioeléctricas”.

“Las condiciones actuales no facilitan dicho despliegue a los operadores privados. Por un lado, no se les habilita a contratar fibra óptica del operador estatal, pero, adicionalmente, tampoco se generan condiciones que posibiliten a los restantes operadores desplegar sus propias redes, porque no se les dan las licencias para que brinden todos los servicios”, afirmó.

En este sentido, señaló que para brindar servicios de 5G se estima necesario multiplicar por 10 las radiobases. “Es imposible atender esos requerimientos de capacidad sin el uso de la fibra óptica como medio de trasmisión”, cuestionó.

Por otro lado, criticó que el mayor empleador del país es el Estado, quien contrata “en forma casi exclusiva cualquier servicio o equipamiento de telecomunicaciones a la empresa pública mediante el mecanismo de la contratación directa, en lugar de abrir procedimientos competitivos”.

En tanto, se refirió también “a las ventajas conferidas” a Antel. La empresa estatal ya tiene pre asignado el bloque de 3.600 a 3.700 MHz, por el cual pagará el promedio del valor de los otros dos bloques a subastar.

Lago señaló que estas ventajas “son violatorias de los tratados de protección a la inversión extranjera, que nuestro país ha suscrito y que contrarían también el Reglamento de Administración y Control del Espectro Radioeléctrico, que promueve el acceso equitativo al espectro mediante procedimientos no discriminatorios”.

El acuerdo de promoción y protección recíproca de inversiones entre Uruguay y España (la casa matriz de Movistar está allí) vigente desde 1994 establece que cada país “aplicará, con arreglo a su legislación nacional, a las inversiones de los inversores de la otra parte un tratamiento no menos favorable que el otorgado a sus propios inversores”.

Concretamente, entienden como ventajas el tope de espectro de 100 MHz para cada agente, mientras que Antel puede obtener otro bloque si este no fuese adquirido en la subasta (además del preasignado).

Asimismo, otra ventaja es la elección previa del bloque a ser adquirido, que le permite preparar el despliegue antes que sus competidores. Para “compensar” esta última, sostuvo que se requiere “una fecha común de lanzamiento 5G a nivel industria”.

Ante la comisión también participó el directivo regional de Claro, Alejandro Quiroga López, quien ha sido crítico con el precio base de la subasta (US$ 28 millones por bloque de 100 MHz en la banda de 3,5 GHz).

“Este precio es realmente caro o muy elevado para el tamaño de la realidad del mercado potencial de Uruguay, que prioritariamente va a ser lo que se llama un mercado para las personas. Hoy los casos para los procesos industriales y otros vectores que tienen 5G aparecen mucho más limitados”, aseguró.

Por otro lado, ante la afirmación de que el precio del espectro en Uruguay “debería ser más caro dado que hay mayor seguridad jurídica”, sostuvo que hay una “contradicción importante”, ya que en “varias partes se toman decisiones que transgreden o violan los tratados de protección de inversiones extranjeras en el Uruguay”.

El capítulo sobre inversiones del TLC entre Uruguay y México (donde está la casa matriz de Claro) vigente desde 2004 dispone que cada país “otorgará a las inversiones de inversionistas de la otra parte un trato no menos favorable que el que otorga, en circunstancias similares, a las inversiones de sus propios inversionistas en el establecimiento, adquisición, expansión, administración, conducción, operación, venta u otra disposición de las inversiones”.

Por último, Quiroga López sostuvo que compraron el pliego, presentaron las garantías y están listos para participar de la subasta, pero aún consideran “que las condiciones fijadas no son convenientes” para sus operaciones, “ni siquiera para el despliegue en el país”.