La Justicia buscará conciliación entre la DGI y Tienda Inglesa

El juez Fernando Cardinal fijará una audiencia para que la Dirección General Impositiva (DGI) y Tienda Inglesa lleguen a un acuerdo y el expediente civil se dilate hasta que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) se pronuncie.

Según pudo saber El País, en la audiencia el magistrado propondrá que se llegue a un acuerdo y que se detenga el expediente que la DGI inició frente a la justicia civil hasta tanto el TCA emita su fallo sobre la nulidad de la resolución.

Antes de llegar al tribunal, Tienda Inglesa recurrió la resolución administrativa ante la DGI en un recurso de revocación y ante el Ministerio de Economía en un recurso jerárquico por ser el organismo superior a la Impositiva.

El magistrado dio vista del expediente al organismo y una vez que respondan citará a las partes para que comparezcan en audiencia.

Cardinal hizo lugar a mediados de febrero a la solicitud de la DGI para clausurar por seis días las 10 sucursales del supermercado en Montevideo y el Interior, tras verificar la validez legal del planteo de la DGI.

La sanción está prevista en la ley 16.170 de 1990 que otorgó la facultad a la DGI de aplicar la misma pena cuando de los establecimientos o empresas "que realizaron ventas o prestaron servicios sin emitir factura (...) cuando corresponda o emitieron facturas por un importe menor al real o transgredan el régimen general de documentación". Este último es el caso de Tienda Inglesa, según alega la Impositiva.

Si bien la DGI puede disponer de la clausura sin necesidad de que la justicia lo avale, en este caso se decidió esperar. Por el momento no se ha concretado el cierre.

Según explicó en su momento el titular de la empresa Robin Henderson, la clausura se efectuó porque el sistema "no es confiable" y "aparentemente permite hacer maniobras fraudulentas en todas las cajas", pero aclaró que no se trata de "un desfalco, no hemos defraudado en un sólo peso, esto es sólo porque no llevamos como ellos quieren el sistema de las cajas registradoras".

A pesar de esto, el director reconoció que no se cumplió con "los complicados requisitos burocráticos" de la DGI. El organismo considera que el sistema utilizado no permite convalidar lo que la firma vende con lo que tributa por el mecanismo de registro dual utilizado (computadora y registradora).

Los técnicos de la DGI hicieron una minuciosa investigación en las más de 200 cajas registradoras que derivó en el pedido de cierre.