La brasileña CAMIL asumió la gestión de la arrocera Saman

1/1: 2007-11-03 00:00:00 300x300 ()

RICARDO SOSA

La brasileña Camil Alimentos tomó el jueves pasado el control de la principal industria arrocera del país, Saman, y su gerente financiero, Luciano Quartiero, adelantó a El País que no prevé cambiar las actuales directrices de conducción de la empresa.

En diálogo telefónico desde el cuartel general de Camil en San Pablo, Quartiero reveló ayer a El País que la compañía brasileña ya es dueña del 99,99% de Saman, luego de culminar la due dilligence (proceso de auditoría) y el cierre de la operación.

La due dilligente comenzó el 20 de agosto fijándose 90 días para culminarla.

El ejecutivo dijo que "todo queda como está" y que se continuará en el corto plazo con la estrategia definida por los anteriores dueños de Saman.

La operación se dio en forma rápida entre los accionistas de Camil y la familia Ferrés, que tiene casi la mitad de las acciones de la arrocera.

Quartiero se excusó de informar cuál fue el precio al que se cerró la operación argumentando que "es confidencial".

Cuando el negocio fue anunciado en agosto pasado, en el mercado se manejó que la venta se fijó en U$S 160 millones incluyendo stocks y pasivos de la arrocera.

CAMIL. Camil Alimentos, empresa oriunda de Rio Grande do Sul, fue fundada en 1963 como cooperativa de los productores arroceros en la región fronteriza entre Brasil y Argentina. En la década de 1970 la compañía se asoció al grupo Arfei y en 1991 la sociedad se transformó en Camil Alimentos.

Después de una crisis la empresa, hasta entonces en manos del grupo brasileño en un 100%, tuvo el ingreso de la estadounidense Trust Company of the West, que pasó a controlar el 50% del paquete. A mitad de este año volvió a ser controlada exclusivamente por Arfei, que este año espera facturar unos U$S 350 millones.

A pesar de lograr detentar casi el total del paquete accionario, Camil tendrá tres de los cinco directores. Los otros dos lugares serán ocupados por Ricardo Ferrés -hasta ahora presidente de la compañía y que seguirá en la empresa ahora como vicepresidente- y el productor Arno Raab.

Camil ya designó como gerente general a un ejecutivo brasileño llamado Renato Gastaud, que entrará en funciones a mediados de mes.

Negociación. La toma de control se da pocas semanas antes que se defina el precio definitivo del arroz de la zafra pasada y entre los productores locales todavía quedan dudas de si los brasileños van a introducir cambios en la forma habitual de hacerlo.

Cuando se divulgó la operación, en la segunda quincena de agosto, Quartiero había dicho a El País que no se tocaría el sistema de fijación de precios, asegurando que se respetarían las condiciones para la venta de la zafra anterior.

El vicepresidente de la Asociación de Cultivadores de Arroz, Pedro Queheille, dijo a El País que la gremial no ha tenido hasta ahora contactos con ejecutivos brasileños y que sus integrantes confían en que efectivamente se mantendrá el actual mecanismo de fijación de precios.

"Es bueno no sólo para los productores sino para todo el sector", expresó el productor.

El presidente de la gremial, Tabaré Aguerre, dijo que los productores "tienen contrato con Saman" y que esperan que sigan encabezando las negociaciones de precios los directivos y ejecutivos que estaban hasta ahora al frente de la empresa y que cumplían ese papel.

Saman fue fundada en 1942 en torno a un pequeño molino bajo el nombre de Arrocera Nacional Sociedad Comercial.

Saman posee dos empresas principales, SAMU, de la que es propietaria del 100%, que es el brazo comercializador del arroz Saman en Uruguay, y de Arrozur, de la que detenta el 47%, que es la única planta parbolizadora de arroz en Uruguay. Esta última también refina aceite de arroz que comercializa a nivel interno y también exporta.

También es propietaria del 43% de Corrales SA, empresa que administra la Represa de Los Corrales y es socia administradora del 50% de la Represa de India Muerta a través de Comisaco SA. Ambas empresas de dedican al riego.

El interés de las empresas brasileñas en Uruguay no sólo se centra en la agroindustria y en las tierras. Esta semana estuvo en Montevideo una delegación de empresas constructoras interesadas en participar de los llamados para obras públicas. La delegación estuvo encabezada por el presidente de la gremial que agrupa a las empresas constructoras de Rio Grande do Sul. La gigante brasileña Odebrecht ya ha adelantado su intención de abril una oficina en Uruguay. El presidente de la Cámara de Comercio Uruguay Brasil, Emilio Ponfilio, dijo a El País que viajará el jueves para reunirse con empresas de ese país "interesadas en venir para invertir en el sector de servicios ligados a la operativa portuaria". "Puede haber noticias importantes por este lado", se esperanzó.

El asesor del Ministerio de Economía -que encabeza la Unidad de Desarrollo del Sector Privado de esa cartera-, Luis Porto, se refirió a las compras de empresas uruguayas por parte de inversores extranjeros.

"¿Cuál es el temor que se está teniendo? Esta venida de inversiones y compra de activos en el país, está haciendo que varias empresas o grupos tengan una posición dominante", afirmó.

En una entrevista con la revista "Somos Uruguay", el funcionario dijo que la llegada de un inversor "no es mala ni buena en sí mismo, depende de qué es lo que hace, cuál es su comportamiento".

"Nuestro enfoque es de comportamiento", agregó.

Para Porto el punto es qué hace la empresa o grupo que tiene una posición dominante. "Hay dos posibilidades que no son excluyentes", señaló.

"Una de ellas es que una empresa que venga y compre a otra, diga que tiene que recuperar la inversión, logre mayor productividad, eficiencia y exportaciones. Si ese es el comportamiento bienvenida sea", expresó.

La otra posibilidad, "es que ese inversor llegue y diga que ahora que tiene una posición dominante, le fijará precios a los proveedores y consumidores. Ese comportamiento es perverso y no lo buscamos", concluyó.

Según Porto, el objetivo del gobierno es "generar las condiciones para que la gente tome decisiones que vayan en beneficio de los demás".

"Si esos inversores toman decisiones que van en perjuicio de los demás, tenemos un marco normativo que nos habilita a castigarlos", agregó y mencionó a la ley de Defensa de la Competencia. Esa ley castiga el abuso de posición dominante y el acuerdo de precios entre competidores.