EFE
La presidenta de Perú, Dina Boluarte, declaró ayer durante tres horas en la Fiscalía de la Nación sobre las muertes en las protestas antigubernamentales, entre diciembre y marzo pasados, que pedían su renuncia y el cierre del Congreso. Boluarte salió del edificio del Ministerio Público, en Lima, sin hacer declaraciones.

La jefa de Estado aseguró la semana pasada que acudiría a la citación porque su intención es contribuir a “esclarecer los hechos con la mayor celeridad posible”.

En el interrogatorio por la presunta comisión de los delitos de genocidio, homicidio y lesiones graves, la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, estuvo asistida por el fiscal adjunto supremo Marco Huamán, que investiga los casos abiertos contra altos funcionarios del Estado.

El abogado de Boluarte, Joseph Campos, declaró a los periodistas -antes de entrar a la diligencia- que la mandataria no tenía previsto “usar el silencio como un medio de defensa”.

En la investigación también se ha incluido al primer ministro de Perú, Alberto Otárola; a su antecesor, Pedro Angulo; a los exministros del Interior Víctor Rojas y César Cervantes y al actual ministro de Defensa, Jorge Chávez.

Como parte de la investigación, la Fiscalía también citó a declarar el pasado lunes como testigo al jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Manuel Gómez de la Torre, quien pidió que se cambiara la fecha.

Las protestas estallaron en Perú tras el fallido golpe de Estado del entonces presidente Pedro Castillo el 7 de diciembre, y continuaron desde enero con movilizaciones y enfrentamientos con las fuerzas del orden.

Pedían la renuncia de Boluarte, el cierre del Congreso, el adelanto de las elecciones generales y la convocatoria de una asamblea constituyente.

Según diversas fuentes, al menos 49 civiles murieron durante los enfrentamientos con la Policía, mientras que las manifestaciones dejaron, en total, 77 fallecidos, ya que otras personas, entre ellas 7 haitianos, perdieron la vida por acciones de protesta como el bloqueo de carreteras.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó en su último informe la violencia empleada por las fuerzas de seguridad durante las manifestaciones y aseguró que ha encontrado casos de “ejecuciones extrajudiciales” en Perú.