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Oposición declara usurpador a Maduro y exige elecciones

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El diputado Juan Guaidó, nuevo presidente de la Asamblea Nacional. Foto: AFP

Venezuela

Reclamo del Parlamento legítimo que fue desplazado por la Constituyente.

Nicolás Maduro estará usurpando la presidencia de Venezuela a partir del próximo jueves, cuando asuma su segundo mandato, advirtió ayer sábado el Parlamento de mayoría opositora, comprometiéndose a impulsar un “gobierno de transición” que llame a elecciones.

“Reafirmamos la ilegitimidad de Nicolás Maduro (...). A partir del 10 de enero estará usurpando la Presidencia y en consecuencia esta Asamblea Nacional es la única legítima representación del pueblo”, dijo Juan Guaidó, elegido presidente de la cámara al iniciarse el año legislativo.

Guaidó también consideró “rota o usurpada la cadena de mando” en la Fuerza Armada -principal sostén de Maduro-, a la que pidió apoyar los esfuerzos para “restablecer la democracia” en el país petrolero, sumido en la peor crisis económica de su historia moderna.

Ante la bancada opositora y el cuerpo diplomático, Guaidó se comprometió además a “generar las condiciones para un gobierno de transición” y “elecciones libres”.

“La presidencia no se encuentra vacante, se encuentra siendo usurpada (...), estamos en dictadura”, remarcó el diputado de Voluntad Popular, partido del dirigente Leopoldo López, en prisión domiciliaria.

El inicio de la legislatura transcurrió en calma.

Esta declaratoria se produce un día después de que el Grupo de Lima -apoyado por Estados Unidos- le pidió a Maduro abstenerse de asumir un nuevo mandato de seis años y transferirle el poder al Parlamento mientras se realizan “elecciones democráticas”. La decisión fue tomada por Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú y Santa Lucía, pero el gobierno de México se apartó del pedido. Mediante videoconferencia, Estados Unidos estuvo representado en la reunión por el secretario de Estado, Mike Pompeo. De inmediato, Venezuela acusó a Canadá y a los 12 países latinoamericanos del grupo que formularon la solicitud de “alentar un golpe de Estado” por instrucción de Washington.

Acusan.

Maduro, de 56 años, fue reelegido el pasado 20 de mayo en comicios anticipados por la Asamblea Constituyente, órgano oficialista de poder absoluto que en la práctica sustituyó al Legislativo, el único ente que controla la oposición.

Denunciando un “fraude” para perpetuar al gobernante socialista, los principales partidos opositores boicotearon las elecciones, si bien sus mayores figuras estaban inhabilitadas o encarceladas.

Solo un rival de peso, el disidente chavista Henri Falcón, desafió a Maduro, ahondando las divisiones entre los oponentes del mandatario, cuya reelección también desconoció la Unión Europea.

“Maduro es un usurpador, un invasor y debe ser desalojado”, declaró la diputada Delsa Solórzano, negando que el pedido de apoyo a la Fuerza Armada sea para “dar un golpe de Estado”.

El desconocimiento de Maduro, sin embargo, podría ser un saludo a la bandera pues las decisiones del Parlamento son anuladas por el máximo tribunal -de línea oficialista-, que lo declaró en desacato desde que asumió en 2016.

“Nada surgirá de la Asamblea que pueda tener el menor impacto”, comentó a AFP Peter Hakim, de Diálogo Interamericano, indicando que el órgano ha sido “despojado de su poder y autoridad”.

Ya en enero de 2017, el bloque opositor declaró a Maduro en abandono del cargo, al culparlo de la grave crisis económica que ha provocado el éxodo de 2,3 millones de personas desde 2015. La medida no pasó de ahí.

“Estamos atados de manos”, admite Solórzano.

Sin embargo, Guaidó dijo que la oposición prevé otras acciones, que no detalló, para obligar a Maduro a dejar el poder.

Fracturas.

Opositores radicales como los dirigentes Antonio Ledezma o María Corina Machado exigen que el Legislativo instale de inmediato un “gobierno de transición” liderado por el presidente de la Asamblea.

“Damos un voto condicionado y con fecha de caducidad (a Guaidó) para que se instaure un gobierno de transición”, señaló en un comunicado la fracción parlamentaria 16 de Julio.

Así, la continuidad de Maduro en el poder podría profundizar las fracturas en la oposición.

“Si hay algo peor que no hacer nada, es hacer aquello que te debilita y te hace perder respeto”, comentó el politólogo Luis Salamanca, indicando que medidas inaplicables en el pasado solo causaron “frustración”.

Maduro, confrontado a un fuerte rechazo popular pero con influencia en los demás poderes públicos, dice que lo tiene sin cuidado el reconocimiento de la oposición o de países que podrían romper o bajar el nivel de las relaciones y cercarlo financieramente, como plantea el Grupo de Lima.

“Me acusan de dictador para justificar cualquier cosa”, sostiene el heredero del fallecido Hugo Chávez (1999-2013), que asegura que su reelección fue “democrática” y que sus adversarios están desintegrados, no por culpa suya, sino por su “dependencia” de Estados Unidos.

El presidente responsabiliza a opositores de un atentado en su contra con drones cargados de explosivos el pasado 4 de agosto, pero aún así dice que buscará un diálogo tras cuatro intentos fallidos.

Un ingeniero y líder accidental desafía al gobierno chavista

(Fuente: EFE)
La Asamblea Nacional de Venezuela (AN, Parlamento), el único poder que controlan los detractores de Nicolás Maduro, está presidida desde ayer sábado por el joven diputado Juan Guaidó, un líder accidental que asume el cargo ante las ausencias forzadas de las figuras de su partido, Voluntad Popular (VP).

En 2019, la jefatura rotativa del Parlamento corresponde a VP, el partido del líder preso Leopoldo López, del asilado Freddy Guevara y del exiliado Carlos Vecchio, sus dirigentes más experimentados y representativos.

De ese trío, solo Guevara no estaba procesado judicialmente antes de 2015, y por su ascendencia dentro de VP estaba llamado a tomar las riendas del Legislativo este 2019, pero se asiló en la embajada de Chile en Caracas para evitar enfrentarse a la Justicia, que investiga su papel en las protestas violentas de 2017, que se saldaron con más de 100 muertos.

Así, Guaidó, un ingeniero de 35 años con maestrías en administración pública, y padre de una niña de un año y medio, sube a la presidencia de un órgano en el que los opositores depositan sus esperanzas de poner fin a la acuciante crisis política y económica que atraviesa el país. Este legislador por el costero estado de Vargas, cercano a Caracas, es definido como de centro por sus colaboradores. En su adolescencia, Guaidó sobrevivió a la “tragedia de Vargas”, como se conoció a las lluvias e inundaciones que dejaron miles de muertos y desaparecidos, y trastocaron la normalidad de esa entidad federal en 1999.

El opositor dio muestra de su carácter cuando en 2015 participó en una huelga de hambre para exigir que se fijara la fecha de los comicios parlamentarios, en los que fue electo con más de 97.000 votos.

Inició su carrera política como líder estudiantil, vinculado con la social democracia, en la Universidad Católica Andrés Bello, hasta que se unió a VP, del cual figura como miembro fundador, en 2009. 

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